La Generalitat de Cataluña puede llevar a las cadenas de supermercados y, especialmente, al pequeño comercio a una situación financiera que en algunos casos puede volverse sumamente complicada.
Pese a los continuos requerimientos por parte de la Comisión Europea para que lo suprima, el Gobierno autonómico mantiene intacto desde el año 2000 un impuesto a las grandes superficies, que grava con 17 euros el metro cuadrado a todas las tiendas de más de 2.500 metros y con el que lleva recaudados alrededor de 140 millones de euros.
¿Es un impuesto injusto?
El problema, según confirmó ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, es que Bruselas está estudiando exigir a Cataluña que cobre esa tasa con efectos retroactivos a todo el sector. Lo hace porque entiende que se trata de una ayuda de Estado indirecta con la que Cataluña habría beneficiado durante años a los locales más pequeños frente a los grandes.
"Es un impuesto absolutamente injusto y lo que le pedimos a la Generalitat es que lo retire para no perjudicar a miles de comercios", aseguró García Legaz en la clausura de la asamblea anual de Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, que reúne a compañías como El Corte Inglés, Eroski, Alcampo, Cortefiel, Media Markt, Ikea, Leroy Merlin o Fnac, entre otros.
García Legaz aseguró que Cataluña es la única comunidad autónoma que mantiene un impuesto similar después de que el resto lo haya retirado ya. Es lo que han hecho Canarias, Navarra y La Rioja, a la espera de que Asturias y Aragón también lo anulen. A comienzos de este año el director general adjunto de Ayudas Estatales de la Comisión Europea, Gert-Jan Koopman, remitió ya una carta al Gobierno español en la que pedía que suprimieran o modificaran los impuestos aplicados en ese momento por varias comunidades autónomas para evitar que pudieran ser considerados ayudas de Estado al pequeño comercio, tal y como todo apunta que va a ocurrir ahora.
El origen de esta advertencia parte de una denuncia presentada precisamente por Anged ante Bruselas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que al margen del proceso abierto por las direcciones generales de Competencia y Unidad de Mercado, hay un recurso presentado también ante el Tribunal Supremo por las grandes superficies, que provocó el pasado mes de marzo éste planteara en marzo una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre la legalidad de la tasa. El Gobierno español recurrió también en su día ante el Tribunal Constitucional, aunque en este caso hubo una sentencia favorable a la administración catalana.
En fase de reinvención
La Generalitat, por su parte, ha dado pasos adelante para cambiar este impuesto y evitar cualquier tipo de sanción, aunque por el momento está en vigor. En agosto, presentó así una memoria preliminar del Anteproyecto de Ley con el objetivo para trasformar la tasa en medioambiental, adaptándola a los requisitos europeos. En principio, se anticipaba que el anteproyecto se presentaría en septiembre, pero todavía no se ha tramitado.
Cataluña busca con la reformulación gravar el tráfico de vehículos que se genera alrededor de los centros comerciales. Evidentemente, esta tasa afectaría más a las grandes superficies a las que se accede con vehículos. Como el impuesto sobre grandes superficies comerciales sigue en vigor, mientras que no modifique (una vez se presente el anteproyecto deberá seguir todo el proceso de tramitación parlamentaria), el que está en vigor es el que Europa rechaza.
El departamento de Economía de Cataluña, liderado por Oriol Junqueras, pretende recaudar con este impuesto unos 15 millones anuales, que es exactamente la misma cifra que presupuestaban para el que sigue en vigor.
Teniendo en cuenta esta cifra, la recaudación total desde que entrara en vigor rondaría los 240 millones de euros. No obstante, según los datos oficiales que publica la Generalitat, entre 2003 y 2015 se habrían ingresado unos 120 millones de euros. A estos, habría que añadir los 15 previstos para este ejercicio. Según las fuentes consultadas, la decisión final podría adoptarse en un plazo muy breve de tiempo.
Críticas
El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, se mostró ayer por otro lado muy crítico ante la situación de inestabilidad política. "Sería desolador pedir a los ciudadanos un nuevo paso por las urnas sin ni siquiera haber intentado el diálogo sobre las grandes cuestiones que pueden estrangular nuestro porvenir como sociedad", aseguró. Merry del Val insistió en la necesidad de llegar cuanto antes a un gran pacto política e impulsar las reformas que necesita España "frente a los inútiles y egoístas personalismos".
El ejecutivo recordó que "Anged forma parte de una mayoría de la sociedad civil española, que demanda desbloquear cuanto antes esta situación", por lo que hizo "un llamamiento a la responsabilidad de los partidos". El presidente de la patronal del gran comercio alertó además de que está en juego la unidad territorial, "que afecta decisivamente a los derechos y libertades de los ciudadanos, al futuro de nuestra economía y la pervivencia del Estado del bienestar".
Las empresas de la gran distribución elevaron sus ventas un 3% en 2015, con lo que suman dos años consecutivos al alza, y crearon 6.725 nuevos empleos, hasta totalizar una plantilla de 228.123 personas. Las compañías integradas en Anged invirtieron un total de 1.226 millones en el último año.
De izquierda a derecha; el presidente de Cortefiel, Miguel Ibarrola; el de Auchan España, Patrick Coignard; el de El Corte Inglés, Dimas Gimeno; el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz; el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val; el presidente de Eroski, Agustín Markaide; el profesor del IE, José María O'Kean; y el director general de Anged, Javier Millán-Astray, tras la reunión de la asamblea anual de la patronal del gran comercio. EE
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