La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el anunciado proceso de "recuperación" a gestión pública directa de los departamentos de salud autonómicos gestionados en régimen de concesión. La Conselleria de Sanidad ha enviado, por escrito, a Ribera Salud -empresa gestora de cuatro de las cinco concesiones: La Ribera, Torrevieja, Dénia y Elche-Vinalopó-, la notificación de que no se prorrogará el contrato de gestión del departamento de La Ribera -que incluye el Hospital de Alzira y los centros de salud de esta comarca-, que vence en marzo de 2018.
Esta comunicación se adelanta seis meses a los plazos fijados en el contrato y llega sin que se hayan hecho públicos los resultados de las auditorías encargadas por la Generalitat sobre las concesiones, y en medio de los recursos contencioso-administrativos planteados ante la Justicia por Ribera Salud por la retirada de servicios de especialidades, en base al decreto de designación de unidades de referencia aprobado por el Consell.
Este decreto implica centralizar ciertas especialidades en algunos centros de gestión pública directa, que se convertirían en referentes, suprimiéndolos en el resto de hospitales. Ribera Salud se ha visto afectada en las áreas de oncología -Torrevieja-, hemodinámica -Elche- y neurocirugía -Dénia-. El grupo alega que ha hecho altas inversiones en los servicios, contemplados en las concesiones, por lo que su retirada incumple los contratos.
"Ribera Salud -propiedad de Centene Corporation y Banco Sabadell- es un referente internacional, con el modelo Alzira, y hemos invertido 600 millones en Valencia, con excelentes resultados asistenciales, contrastados en todos los informes y auditorías", afirma.
De hecho, reclama a la Generalitat que presente los informes técnicos y económicos que avalan el fin de las concesiones: "La Administración tiene potestad para tomar decisiones, en base a análisis objetivos, rigurosos y comparativos que estamos convencidos que dará a conocer como ejercicio de transparencia y responsabilidad".
En todo caso, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ya admitió, en febrero, que no serían vinculantes, puesto que las concesiones se revertirán para cumplir el pacto político entre PSPV, Compromís y Podemos en Valencia. Una postura contra la que se han pronunciado públicamente las patronales valencianas y los partidos de la oposición -PP y Ciudadanos-.
La empresa insta a Sanidad a definir la situación de su plantilla, de 5.800 profesionales. Una parte son funcionarios, que podrán pedir su reincorporación al sistema público, opción vetada al personal laboral -1.800 personas sólo en Alzira. La Conselleria de Economía se ha pronunciado en contra de su trasvase, por no tener oposición.
"Quedamos a la espera de sus indicaciones y del plan de acción concreto, y actuaremos en consecuencia", indican fuentes del grupo.
Puig anunció, también, la reversión, en esta legislatura, de la concesión de Dénia, aunque vence en 2023. La Generalitat negocia, desde hace meses, la compra a DKV del 65% del capital de la gestora -el 35% es de Ribera Salud-, una operación complicada, por su falta de liquidez.
La concesión de Torrevieja vence en 2021; la de Manises -gestionada por Bupa Sanitas-, en 2024, y la de Elche, en 2025.
