Buenas noticias para Ferrovial en Reino Unido. El Alto Tribunal de Justicia del país (High Court of Justice) ha dado la razón a la compañía española en el litigio que le enfrentaba desde hace más de un año con el Ayuntamiento de Birmingham por el desacuerdo respecto a la inversión que tiene asociada el millonario contrato de gestión y mantenimiento de carreteras y otras infraestructuras que Amey, filial del grupo español, se adjudicó en esta localidad en 2009, según señalaron ayer fuentes del mercado. Desde Ferrovial declinaron hacer ningún comentario.
La sentencia anula el laudo arbitral que hace un año dio la razón al Ayuntamiento de Birmingham y borra las incertidumbres para Ferrovial respecto a este proyecto, que contempla inversiones de 300 millones de libras (355 millones de euros) durante los cinco primeros años para mejorar las infraestructuras. La concesión, en total, alcanza los 25 años y está valorado en 2.700 millones de libras (cerca de 3.192 millones de euros al cambio actual), que suponen una cartera de alrededor de 1.700 millones de euros.
Ferrovial había provisionado 76 millones de euros ante una eventual resolución desfavorable por parte del Alto Tribunal británico. A este importe, se suman 34 millones por los costes legales. El impacto total, por tanto, se estimaba en 110 millones. Se trataba, al margen de las radiales, del litigio más importante -y que más preocupaba- que afrontaba la compañía.
En el primer semestre de 2016, los gastos judiciales ascendieron a 3,8 millones y las pérdidas del contrato a 12 millones. Los números rojos se explican, por un lado, por los costes legales y, por otro, porque a raíz de la judicialización del contrato, Ferrovial no pudo desmantelar sus equipos de inversión en la ciudad en mayo de 2015, como estaba previsto en el contrato.
En todos sus puntos
En febrero pasado, el consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás, mostró su optimismo sobre el resultado del pleito. Dijo entonces que "si ganamos podríamos revertir prácticamente toda esa provisión". La sentencia ha sido favorable al grupo que preside Rafael del Pino en todos sus puntos, según explican las mismas fuentes. Contra ella, no obstante, el Ayuntamiento de Birmingham aún podría apelar, aunque de acuerdo con la legislación británica, no en su totalidad.
Si desiste de prolongar la disputa legal, el consistorio inglés y Amey, filial de Ferrovial Servicios, deberán sentarse para definir las actuaciones concretas que quedan pendientes de ejecutar.
El litigio tiene su origen en el alcance de los trabajos. Las autoridades de Birmingham consideraban que era mayor del que estimaba Ferrovial y que, por tanto, la inversión tenía que ser superior. El arbitraje, sin embargo, lo solicitó cuatro años después de que se iniciara el contrato, que da servicio a una población de un millón de personas, incluye la gestión de 2.500 kilómetros de vías, 5.000 kilómetros de aceras y cerca de 850 puentes, así como la iluminación urbana y el mantenimiento de la zonas verdes. Firmado bajo la modalidad de Iniciativa de Financiación Privada (PFI), fue en aquel momento el mayor contrato de este tipo en Reino Unido.
