Las cooperativas de vivienda en Madrid no atraviesan su mejor momento. Muchas han visto cómo sus proyectos se han paralizado y esperan que en este mes de septiembre el Ayuntamiento dé una respuesta para desbloquear la situación que tienen y poder arrancar las obras. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Inmobiliaria.
El freno de estos proyectos ha supuesto poner en peligro los ahorros de más de 800 familias que forman estas cooperativas madrileñas que se habían adjudicado por concurso unos suelos para construir viviendas. Tres son los proyectos que aquí vamos a destacar por ser de mayor envergadura, pero a estos se podrían sumar otros de menor tamaño que también tienen sus obras paradas.
Se trata de la Cooperativa Residencial Metropolitan, gestionada por Ibosa, con un proyecto residencial en las antiguas cocheras de Metro de Madrid en Cuatro Caminos. La Cooperativa Residencial Maravillas, con un proyecto en Raimundo Fernández Villaverde, gestionado por Domo Gestora y la Cooperativa Valdecam, con un suelo en Valdebebas.
En todos estos proyectos el Ayuntamiento lo que pretende es dejar claro dos cosas: recuperar la iniciativa pública frente a la inversión privada y rebajar el número de viviendas que se puedan construir. Pero al final, parece más que el Ayuntamiento lo que está haciendo es politizar la gestión urbanística.
Reticencia a la iniciativa privada
"La sensación que percibimos en Ibosa es que hay cierta reticencia a la iniciativa privada. Las cooperativas son el tercer sector de la economía, el sector social que sí que es puramente una iniciativa privada, pero no tiene ánimo de lucro por lo que debería de tener un tratamiento especial. Nuestro proyecto, Residencial Metropolitan, en las antiguas cocheras de Metro en Madrid es un proyecto integrado por cooperativistas finalistas y no es una especulación que pretende vender luego las viviendas a otro precio, sino que es un comprador presente que ha elegido comprar la vivienda por debajo del precio de mercado y eso además también tendría que contar con la protección por parte de los poderes públicos, aunque nada de esto pasa porque se ha visto truncado por unas circunstancias que entiende la cooperativa que no tienen suficiente fundamento legal ni técnico. Lo que están frenando no es un negocio, sino a cientos de familias que han puesto su dinero y su ilusión en una casa, que es muy diferente a un proyecto inmobiliario visto desde el puro negocio", afirma Juan José Perucho, director general de Ibosa.
Metropolitan está formada por 443 familias que adquirieron por 88 millones de euros el suelo de las antiguas cocheras de Metro en Madrid en 2014 a través de subasta pública y que ahora el Ayuntamiento lo ha desestimado por incumplir el Plan General de Urbanismo.
"No entendemos que Ahora Madrid llevara en su programa electoral el apoyo a las cooperativas porque la realidad no es esa. No está apoyando a ninguna cooperativa, sobre todo por motivos ideológicos. Es sorprendente que operaciones como Canalejas en Madrid hayan salido adelante, lo que demuestra que prefieren llegar a acuerdos con inversores privados en operaciones a un precio por metro cuadrado carísimo y en cambio con las cooperativas que tenemos el perfil de autopromotores y somos nosotros mismos los que corremos con el riesgo de la promoción con nuestros ahorros nos estamos dando de bruces con el Ayuntamiento y pensamos claramente que el urbanismo es un tema politizado", apunta Joaquín Vázquez, secretario del Consejo Rector de la cooperativa Metropolitan.
Las últimas noticias han sido positivas. La cooperativa ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la desestimación de su proyecto que proponía el Gobierno de Ahora Madrid finalmente no prosperara en la comisión municipal de Desarrollo Urbano Sostenible por la abstención del PSOE y el voto en contra de PP y Ciudadanos a la propuesta del Gobierno local. "Con los resultados de esta votación mantenemos la esperanza de que se desbloquee la situación", afirma Perucho.
Reconducir la situación
Todas se encuentran a la espera de que la situación cambie con el nuevo curso escolar. Para ello, intentan abrir una vía de diálogo con el Ayuntamiento y llegar a algún acuerdo que les permita retomar los proyectos. Es el caso de Domo Gestora con la cooperativa Residencial Maravillas, propietaria de un suelo comprado al Ministerio de Defensa situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 50, una de las zonas más caras de Madrid.
Esta cooperativa consiguió que el actual equipo del Ayuntamiento de Madrid aprobara el Plan Parcial de Reforma Interior (PERI) en noviembre de 2015. Pero desde entonces falta la firma de un convenio urbanístico para su gestión, previo a la solicitud de licencia de obras. La tramitación se ha ido demorando y eso ha afectado a la cooperativa, porque tienen que pagar intereses de carencia por el préstamo que obtuvieron para comprar el suelo, 110 millones de euros en 2015.
Según fuentes de Domo Gestora, han intentado un acercamiento con el Ayuntamiento antes del verano para desbloquear la situación y parece que hay una predisposición por parte del Consistorio para firmar, que era el paso siguiente que necesitaban.
El caso de la cooperativa Valdecam en Valdebebas es diferente porque ellos dependen más de la publicación de la resolución del Tribunal Constitucional. El pasado 4 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el Plan Especial que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en octubre de 2014 para cambiar la configuración de un enorme solar conocido como la pastilla comercial.
Este suelo estaba destinado a albergar un gran centro comercial, pero ante la nueva realidad económica surgida de la crisis, éste se modificó para reducir su superficie, dando lugar a 16 parcelas para construir unas 1.000 viviendas -900 de ellas protegidas- y una dotacional, para un colegio privado. Valdecam, entre otras promotoras, compraron un suelo para uso residencial y las 65 familias que forman esta cooperativa invirtieron sus ahorros que hoy ven en peligro.
A expensas de una solución
"En nuestro caso, el Ayuntamiento tiene a dónde agarrarse y no terminan de darnos una solución a expensas de que se falle la resolución de la sentencia dada por el Tribunal Superior de Justicia. Los afectados ya han hecho un borrador para avanzar en la modificación del Plan General de Edificación de cambio de uso y hemos mantenido varias reuniones con la Delegación General de Planeamiento Urbanístico para intentar desbloquear este proyecto y ponerlo en marcha", afirma Enrique Taboada, gestor y arquitecto de la cooperativa Valdecam.
En total, sólo con estos tres casos que hemos expuesto hay cerca de 1.000 viviendas paradas a la espera de una decisión por el Ayuntamiento. Taboada piensa que la politización del urbanismo en Madrid es algo anterior a Ahora Madrid.
"Esto ya estaba antes y ha proporcionado a esta ciudad muchos quebraderos de cabeza. Es verdad que el urbanismo siempre está sometido a posibles deficiencias subsanables, pero en Madrid parece que operan ciertos grupos profesionales que buscan las deficiencias en planeamientos en beneficio propio. En el urbanismo madrileño ya estaba esto y se sometió a una tensión brutal el plan general en Madrid de los desarrollos afectados por las sentencias que anularon estos planeamientos. Ahora hay un cambio en la corporación y aparecen nuevos gestores y uno de los frentes que tienen es cómo combatir la inseguridad jurídica en el urbanismo y que ha hecho algo absurdo como dar un paso más en el proceso de planeamiento con las sentencias jurídicas, lo cual es un despropósito. Un planeamiento concluye con sus aprobaciones y a partir de ahí sí que puede haber un recurso, pero que no sea el sistema generalizado, ahora las sentencias son un paso más al urbanismo", asegura Taboada.