Las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje de España han limitado su inversión al nivel más bajo desde 1988. En concreto, el conjunto de estas compañías, entre las que destacan Abertis, Itínere, Ferrovial o Globalvia, inyectaron 100,7 millones de euros en el último ejercicio del que el Ministerio de Fomento ha recabado los datos, correspondiente a 2014.
Un importe que contrasta con los más de 1.300 millones que destinaron a las autopistas españolas en 2011, un año récord en el que las empresas tuvieron que hacer frente al impacto de las expropiaciones de terrenos -especialmente en las radiales a Madrid- y en el que se aplicó la nueva normativa sectorial.
El futuro de las autopistas de peaje en España ha saltado al plano político en la precampaña de las elecciones del próximo 26 de junio. La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, ha prometido que si el Partido Popular gobierna en la siguiente legislatura todas las autopistas de pago de España que agoten su plazo de concesión pasarán automáticamente a manos del Estado y serán de uso libre para los ciudadanos.
El primer vencimiento corresponde a la AP-1, entre Burgos y Armiñón, que gestiona la sociedad Europistas, propiedad de Itínere. La fecha establecida de reversión es el 30 de noviembre de 2018. Ya al cierre de 2019 le toca el turno a Aumar, concesionaria de Abertis que opera el tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante, por un lado, y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, por otro.
Abertis ha mostrado públicamente su disposición a negociar con el Ejecutivo ampliar los plazos de las concesiones a cambio de acometer nuevas inversiones, como ha acordado recientemente en otros países en los que está presente como Francia y Puerto Rico y pretende pactar igualmente en Chile, Brasil y Argentina. Por el momento, y aunque hasta la primera reversión aún faltan más de dos años, la posición de Fomento es contraria.
Tanto desde el sector como desde otros partidos políticos, como CDC, en Cataluña, cuestionan el compromiso del PP, toda vez que las exigencias de Bruselas para cumplir con el déficit público permiten pocas licencias. Si se revierten las concesiones, el Estado tendrá que asumir los costes de mantenimiento -y mejoras- de las autopistas correspondientes, con el consecuente impacto sobre el gasto de la Administración. Ningún organismo oficial se ha atrevido hasta la fecha a detallar el importe a que ascendería la estatalización de las autopistas para las arcas públicas.
Amortizado al 36,2%
La inversión acumulada en las autopistas de España asciende ya -a falta de las cifras de 2015 y los primeros meses de 2016- a 16.634 millones de euros. La ejecución de las obras acaparan el grueso del importe total, con 12.740 mllones, equivalentes al 76,6%. Las expropiaciones y reposiciones han supuesto 2.413 millones, es decir, el 14,5%. Los costes financieros netos ascienden a 612 millones, lo que implica el 3,7 por ciento, el inmovilizado de explotación se eleva a 260 millones (el 1,6%) y la partida de estudios y proyectos suma 213 millones (el 1,3%).
Si se suman las revalorizaciones desde 1967, que ascienden a 163,6 millones, y las regularizaciones y actualizaciones, que suman 4.031 millones, el valor contable de la inversión en las autopistas de peaje en España se situaba, al cierre de 2014, en 20.829 millones.
Las concesiones de la Administración General del Estado abarcan el 82,4% de las inversiones, con una cifra de 17.170 millones, mientras que las autopistas autonómicas suman 3.659 millones, el 17,6% restante.
De acuerdo con los datos que figuran en el Informe sobre el sector de autopistas de peaje en España de 2014, el nivel de amortización de las concesiones asciende a 7.547 millones de euros, lo que equivale al 36,2 por ciento de la inversión total. Esta proporción está vinculada a la longevidad de la concesión. Así, Aumar, cuyos activos vencen en 2019, era la que más había amortizado las inversiones, con un 82,9%. Le siguen la sociedad de Itínere Europistas, que si el Gobierno que salga del 26-J no lo evita, revertirá la concesión de la AP-1 en 2018.
