La Generalitat valenciana está dispuesta a saltarse la ley estatal e implantar una sistema de devolución de envases de bebidas -latas, briks y botellas de vidrio y plástico- que obligue a los consumidores a abonar una fianza de 10 céntimos en el momento de la compra.
Las conclusiones en contra de este sistema en estudios de universidades y organismos especializados y el rechazo frontal de los comercios, pieza central de su funcionamiento, no han disuadido al Gobierno del socialista Ximo Puig y, en especial, a su socio Compromis, impulsor de la medida.
La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha anunciado en este sentido el inicio de los trámites legislativos para implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases, con una nueva normativa que espera aprobar a principios de 2017, si bien se contemplará un año de moratoria para su aplicación, durante el que se procederá a la información y formación de ciudadanos y comercios y a la realización de pruebas piloto, en diferentes puntos de la comunidad. La consellera se apoya en el supuesto éxito del sistema en Alemania, donde funciona desde hace dos décadas, a pesar de que son más los casos de países europeos donde ha fracasado.
El director de la organización no gubernamental alemana Deutsche Umwelthilfe, Jürgen Resch, impulsora del sistema, respaldó a Cebrián la semana pasada en su presentación. Resch afirmó que con el SDDR se logra una recuperación efectiva final del 99% de los envases.
No obstante, en una presentación en 2009, Brend-Ulrcih Sieberger, el máximo responsable del Deutsche Pfandsystem (DPG), el sistema de depósito alemán, admitió que en este país "este sistema cuesta tres veces más que el de contenedores, pese a suponer una contribución marginal a la tasa nacional de reciclaje".
La Generalitat valenciana estima que se consumen unos siete millones de envases a diario en la comunidad, de los que cinco millones no son reciclados. En esta línea, el Ejecutivo autonómico defiende que se trata de "una política de protección del territorio".
Encarecerá la cesta de la compra
El sistema de retorno en comercios se aplicará sólo a envases de agua, zumos, refrescos y cerveza y no será sustitutivo, sino complementario, de los actuales contenedores de recogida de residuos. El consumidor abonará los 10 céntimos por envase -lo que, según las asociaciones de consumidores, encarecerá la cesta de la compra, llegando en casos como el del agua mineral hasta el 40%-, que le serán devueltos al retornarlo.
El comercio percibirá 2 céntimos por unidad y quien los recoja en los comercios, otros 2 céntimos. La Generalitat estima que "este sistema pondrá en circulación entre 30 y 35 millones de euros para recompensar al comercio valenciano".
Las dudas del comercio se centran, sobre todo, en la forma de recogida: si se opta por hacerlo de manera manual, necesitarán espacio para ubicar los envases -además de los problemas de olor y suciedad que pueden generar-, mientras que, si optan por instalar una máquina de recogida, tendrán que afrontar la inversión -estimada en unos 20.000 euros.
Plazos de retirada
Ambas fórmulas presentan dificultades para grandes superficies y supermercados, pero sobre todo para los pequeños comercios. Los plazos de retirada de los recipientes son otro punto a debate. Está también por decidir quién gestionará la recogida y selección de envases. La Generalitat no descarta trabajar con entidades especializadas, si bien deja abierta la posibilidad de hacerlo directamente, lo que, según sus estimaciones, supondría generar unos 1.300 empleos.
Desde la Asociación de Cadenas de Supermercados (Aces) su presidente, Aurelio del Pino, advierte, que "la Generalitat no tendría competencias para imponer un sistema de depósito, devolución y retorno de envases obligatorio, que sólo podría implantarse a nivel nacional". Del Pino señala también que "tendría un coste muy elevado y generaría a las empresas grandes distorsiones para su actividad".
En la misma línea también se pronuncia Asedas, la otra patronal de supermercados, para la que "un cambio de modelo de recogida de envases domésticos repercutiría de lleno en nuestro modelo de negocio, ya que deberíamos reducir el surtido que ofrecemos a los consumidores".
Para esta organización, "ello impediría que compitiéramos en un mercado de productos cada vez más numerosos y, por tanto, obligarnos a maximizar el uso de toda la superficie comercial disponible que, en nuestro caso, es cara, por situarnos en zonas urbanas. En resumen, el consumidor se vería perjudicado en su capacidad de elección y los precios terminarían subiendo".
Para Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes, la empresa que gestiona el actual sistema de reciclaje con contenedores, la cuestión de fondo es que "se trata de una operación comercial encubierta, que pretende privatizar el reciclaje y obtener para una empresa noruega (en referencia a Tomra) unos ingresos de más de 470 millones de euros".
Martín asegura que "se está manipulando a la opinión pública a través de una falsa promesa de que se va a pagar por reciclar y una vuelta al pasado, castigando al ciudadano para financiarse".
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