El polémico acuerdo firmado entre la UE y las principales tabaqueras hace más de una década para combatir el contrabando de cigarrillos va camino de su extinción. Cuando quedan unas semanas para que la Comisión Europea decida si continua con esta cooperación, el responsable de Salud de la UE dio la semana pasada la más clara indicación de la oposición de miembros del colegio de comisarios a este pacto.
En un encuentro con corresponsales extranjeros la semana pasada, al que fue invitado ElEconomista, Vytenis Andriukaitis dijo que "no existe una necesidad legal para continuar con este acuerdo", dado que la nueva directiva sobre productos del tabaco, que entró en vigor el pasado viernes, cuenta con herramientas más útiles para prevenir el contrabando y la falsificación de cigarrillos.
A partir de ahora se creará un sistema que permitirá controlar y localizar toda la cadena de suministro de los productos relacionados con el tabaco. Además, también se incluirán elementos visibles e invisibles (como hologramas) que ayudarán a las autoridades nacionales a prevenir el contrabando y luchar contra la falsificación. "Sufrir dos ataques terroristas en Bruselas es muy peligroso, pero desde luego que 700.000 muertes prematuras también son muy peligrosas", subrayó Andriukaitis.
Según el acuerdo firmado en 2004 entre Philip Morris International y la UE, las autoridades comunitarias y los estados miembros retiraron todos los casos judiciales contra la firma por la pérdida de ingresos fiscales a causa del contrabando de cigarrillos. Las tabaqueras fueron acusadas ante la justicia de facilitar el contrabando de sus propias marcas.
A cambio, Philip Morris pagaría 1.250 millones de dólares durante los doce años que ha estado en vigor el acuerdo, y se comprometió a luchar contra el contrabando. Posteriormente se firmaron acuerdos similares con Japan Tobacco, British American Tobacco e Imperial Tobacco. En total, estas tres empresas pagaron un total de 900 millones de dólares.
Decisión en junio
Según explicó Andriukaitis, la Comisión tomará una decisión sobre qué hacer a finales de este mes o principios de junio, fecha en la que caduca el acuerdo con Philip Morris. Aunque la última palabra la tendrán los 28 miembros del colegio de comisarios, la decisión estará influenciada por la vicepresidenta de la institución, Kristalina Georgieva. La búlgara jugará un papel clave ya que entre sus competencias como responsable de la Administración comunitaria cae la supervisión de la OLAF, agencia antifraude de la UE, precisamente la encargada de pilotar el acuerdo. Según explican fuentes de su entorno, Georgieva todavía no tiene una opinión definitiva sobre qué decisión tomar. Dos poderosos argumentos políticos arrastran a la búlgara hacia la ruptura del acuerdo. Primero, la comisaria es consciente del impacto negativo que puede tener en la imagen de la UE continuar con esta estrecha relación con un sector tan poderoso y polémico.
Segundo, la comisaria tiene sobre la mesa el rechazo del Parlamento Europeo a continuar con este acuerdo. Según cuentan las fuentes comunitarias, no quiere provocar la ira de los eurodiputados ignorando su opinión, justo cuando les necesita para tramitar el presupuesto comunitario del próximo año. Georgieva además cuenta con un informe de sus servicios que concluye que se ha observado una reducción en el número de cigarrillos de contrabando. El texto indica que esta reducción se ha visto ensombrecida por el aumento de los llamados cheap white, las cajetillas no falsificadas pero que proceden de lugares con regímenes fiscales más beneficiosos para los fabricantes.
Los países, a favor
Una veintena de Estados miembros quieren renovar los acuerdos, según cuentan las fuentes comunitarias. El acuerdo alcanzado con las tabaqueras fijó que los Gobiernos de los 28 se quedarían con alrededor del 90% de los 2.125 millones de dólares, lo que además les descargaba de realizar parte importante de la lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos. El 10% restante va al presupuesto comunitario.
Para Andriukaitis y la Eurocámara no es solo una cuestión de principios romper con las tabaqueras, también de efectividad. Coinciden en que la revisada directiva introduce mecanismos de vigilancia y trazabilidad más potentes. Además, apuntan a que el nuevo protocolo de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del comercio ilícito de cigarrillos hará totalmente inservible estos acuerdos, punto en el que también coincide Georgieva.
No obstante, este protocolo requiere 40 ratificaciones nacionales, y hasta ahora tan solo 16 países han completado el proceso, entre ellos seis de la UE, incluida España.