El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado con cinco sentencias firmes 13 plantas eólicas en la isla de Gran Canaria que suman 192 MW y ha autorizado en su lugar otras 15 plantas que suman 174 MW. Ahora bien, el cambio apenas tendrá efectos prácticos.
La historia se remonta a un concurso eólico celebrado en 2007 sobre el que se acaban de pronunciar los jueces. Curiosamente, aún está por juzgarse otra subasta de 2004.
Como el concurso de 2007 se resolvió después de que el Gobierno suprimiera las primas en 2012 y no había capacidad suficiente en las redes, los proyectos ganadores no se ejecutaron.
El Gobierno central reconoció el fiasco y a finales del año pasado cerró un cupo especial de 422 MW con una retribución fija de 86 euros por MWh, alrededor de un 20 por ciento más de lo que percibieron las eólicas durante el año pasado.
Pero poco antes el Gobierno canario -haciendo excepciones con los trámites ambientales- decidió otorgar autorizaciones a los proyectos que tuvieran los papeles en regla, de modo que en el cupo especial se inscribieron muchos parques ajenos a la subasta que justificaba la mayor retribución.
Ahora la justicia se pronuncia sobre el concurso, falla que 13 proyectos no tienen derecho a conectarse y cede su puesto a otros 15 que sí lo tienen. No obstante, salvo en los casos en que los proyectos se solapan -así le ha pasado a uno de Gas Natural Fenosa que nunca obtuvo la asignación de potencia-, los descartados pueden tramitarse y, si están admitidos en el cupo especial, cobrar la mayor retribución.
Incluso es mejor para ellos, porque el concurso establecía que los adjudicatarios tenían que ceder, de por vida, un 9 por ciento de la energía a las administraciones locales.
