Unas 1.700 ciudades de 24 países europeos aglutinadas en la Climate Alliance, Federane, la red europea de agencias regionales de energía -unas 70 entidades de 20 socios comunitarios-, así como más de 50 empresas y organizaciones -desde Siemens a Sanjose, pasando por Ferrovial o Veolia-, han reclamado a la Comisión y al Parlamento europeos el cambio de los criterios para decidir qué inversiones públicas generan déficit, de modo que las destinadas a incrementar la eficiencia energética queden excluidas.
Las entidades han hecho la petición mediante sendas cartas, a las que ha tenido acceso elEconomista, remitidas a Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, y a los miembros del Comité de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.
En ellas subrayan la contradicción existente entre la obligación fijada por la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, a saber, que la Administración renueve anualmente el 3 por ciento de sus edificios desde 2014, y el hecho de que Eurostat considere que este tipo de inversiones computen como déficit público.
Según una encuesta realizada en el seno de UE Esco y Efiees -patronales europeas de la eficiencia energética-, el criterio actual tiene un importante impacto negativo en 10 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y España; aquí el Gobierno central paralizó estas inversiones durante la pasada legislatura, ante la urgencia de controlar las cuentas estatales.
Alrededor del 40 por ciento del consumo de energía en la UE se realiza en los edificios y la Comisión estima que para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de 2020 -reducir el consumo un 20 por ciento- hay que invertir de 60.000 a 100.000 millones de euros sólo en los inmuebles. No obstante, únicamente se está captando la mitad de ese capital, y una de las principales razones es que la inversión se considera déficit público.
Los firmantes de las cartas plantean alternativas: reconocer los ahorros que propicia la eficiencia a la hora de fijar prioridades de inversión pública; crear una clasificación especial para estas inversiones, al margen del sistema convencional; garantizar flexibilidad en el cumplimiento de los pactos de estabilidad por las actuaciones en eficiencia; y no considerar que el precio del "activo" es el edificio, sino sólo los equipos y elementos sobre los que se va actuar, para reducir el volumen de las garantías obligatorias.
