El número de recursos presentados en el Tribunal Supremo contra la Planificación Hidrológica 2016-2021 de competencia estatal, recogida en el Real Decreto 1/2016, por el que se aprueban los planes hidrológicos de Cantábrico Oriental y Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, no para de crecer.
Ya se conocían los recursos de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Cataluña. La primera reclama sobre todo por el volumen de agua que circula por el Trasvase Tajo-Segura, mientras que la segunda lo hace por el caudal ecológico concedido al espacio natural protegido del Delta del Ebro. Las dos comunidades han anunciado que también piensan apelar a la Justicia europea.
A ellos se han sumado los recursos de varios ayuntamientos, como los de Toledo, Albacete, Castril de la Peña, Amposta o la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa); ONG, como WWF-Adena, la Plataforma en Defensa del Ebro, la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina y cinco más; comunidades de regantes, como la Comunidad de Usuarios de Agua de San Clemente, la Junta central de usuarios del Vinalopó, L?Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, y la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera.
También ha recurrido el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Levante.
