España abona más de 1.000 millones de euros anuales a centrales convencionales y grandes consumidores de electricidad para garantizar que no hay apagones. Bruselas duda de que esté justificado.
Nuestro margen de seguridad ideal entre la potencia instalada y la demanda instantánea de electricidad está en el 10 por ciento, pero la demanda ha caído en los últimos años y dicho margen ha subido al 43 por ciento. La Comisión Europea, sin atender a cuánta de esa potencia es firme, indica que "en lugar de limitar las medidas de capacidad al alcance del estándar, España continúa pagando pagos por capacidad".
La Comisión publicó ayer el informe provisional de la investigación iniciada hace un año sobre la posibilidad de que los mecanismos de capacidad de los sistemas eléctricos sean prohibidas Ayudas de Estado que falseen la competencia y el comercio en el mercado único.
Las conclusiones, que no prejuzgan su legalidad -exige un análisis caso por caso-, indican que falta camino por recorrer: no hay análisis sobre su necesidad, no se ha comprobado cuál es el nivel de seguridad para aplicarlos, se limitan las tecnologías que pueden participar, no se consideran los intercambios fronterizos, etcétera, por lo que "amenazan con utilizar fondos públicos para financiar una capacidad cara e innecesaria que dé lugar a precios más elevados para los consumidores y empresas de la UE".
España, la que más tiene
El análisis de la Comisión abarca 11 estados: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia, que suman 29 mecanismos de capacidad. España, con cuatro, es el que más tiene y es ejemplo de lo que Bruselas denomina efecto bola de nieve, algo ineficiente "que sólo agrava la pérdida de dinero": los abonos directos a las centrales se instituyeron en 1997, pero en 2007 se complementó con la interrumpibilidad -pagos a los grandes consumidores en alta tensión para que se desconecten en caso de necesidad- y en 2010 se añadió un mecanismo específico para el carbón nacional que finalizó en 2014.
En la actualidad hay tres tipos de pagos por capacidad, que este 2016 recibirán en conjunto 512 millones: un incentivo a la inversión, de una duración de 20 años, que pueden cobrar las plantas nucleares, de gas, de carbón, hidroeléctricas y de fuelóleo; un incentivo anual a la disponibilidad de nuclear, gas, carbón, fuelóleo y bombeos hidroeléctricos; y otro incentivo ambiental para la desulfuración de las plantas de carbón de 10 años de duración. Por otro lado, se lleva más de un año discutiendo convertir el citado pago para el carbón autóctono -eran 300 millones al año- en ayudas para la desnitrificación.
A la interrumpibilidad se destinan 508 millones este año, tras realizar dos subastas -la segunda extraordinaria, por las quejas de los que perdieron la primera- "aunque el servicio no se ha usado en los seis años previos".
Los sistemas de capacidad en la UE pueden ser necesarios por la insuficiencia de las interconexiones eléctricas -la de Francia está congestionada el 95 por ciento del tiempo-, por la intermitencia de la eólica y la fotovoltaica, y por la incapacidad de los mercados eléctricos para dar señales que animen la inversión.
