La hora de la verdad para Abengoa está cada vez más cerca. El grupo andaluz sorprendió el martes por la noche con el cese de Felipe Benjumea de sus responsabilidades dentro de la compañía y con la destitución, exigida por el propio Benjumea, del presidente ejecutivo José Domínguez. En su lugar, el consejo de administración ascendió al hasta entonces consejero Antonio Fornieles.
Este movimiento se interpreta como un acercamiento entre la empresa y los acreedores para sellar un acuerdo, toda vez que Fornieles es un exdirectivo de KPMG, la firma asesora de los bancos que integran el G-7. Estos cambios dispararon la cotización de Abengoa un 14,65% en el caso de las acciones A y un 9,56% en el de las B.
Sin embargo, tras el cierre de mercado la agencia de calificación Moody´s arrojó un jarro de agua fría al rebajar el rating de la empresa y advertir sobre los riesgos probables de que no sea capaz de salvar el concurso de acreedores.
La firma recortó de Caa3 (nota más baja dentro del grado de especulación) a Ca (alto riesgo, en situación cercana a la insolvencia) el rating de Abengoa, al considerar "altamente probable" que la empresa se declare en concurso de acreedores. La firma tomó esta decisión tras analizar el plan de viabilidad de la compañía y en su informe advierte de que las opciones de superar la fase de preconcurso de acreedores se reducen a medida que se acerca la fecha establecida para el final del periodo de negociación, es decir, el próximo 28 de marzo.
Mientras participa en estas negociaciones, Abengoa ya ha anunciado varios impagos, tanto del principal como de los intereses de diversas emisiones, y es "muy probable" que se produzcan nuevos defaults, señala la agencia en su informe, recogido por EP.
La compañía, cuyo plan de viabilidad sitúa el valor de empresa de Abengoa en 5.400 millones de euros, declara una deuda bruta consolidada por valor de 9.400 millones de euros y una deuda bruta corporativa de 8.400 millones. Sobre esta base, Moody´s calcula que los acreedores apenas podrán recuperar entre el 35 y el 65% de su inversión, lo que supone un porcentaje muy cercano a los niveles de insolvencia.
La salida de Benjumea era una imposición de los acreedores para continuar las negociaciones. El expresidente, que junto con otras familias controla el 51% de los derechos de la empresa a través de Inversión Corporativa (IC), había pedido tener el 12,5% de la nueva Abengoa, susceptible de elevarse al 30%. Una petición inasumible por los bancos y bonistas, que plantean que los actuales accionistas limiten su presencia al 5%.
Está por ver cuál es la posición de Fornieles y del nuevo consejero delegado, Joaquín Fernández de Piérola, hombres que también están vinculados a Benjumea. Domínguez, que de momento sigue en el consejo de IC, continúa como consejero externo.
Según fuentes financieras, bancos y bonistas habían acercado posiciones respecto a la inyección de 1.100 millones y la liberación de garantías asociadas y el obstáculo principal se centraba en el reparto del capital de la nueva compañía y las exigencias de Benjumea.
