Una empresa española lleva seis años de lucha contra Petrochina, el gigante petrolero estatal chino. La firma Taihe, que tiene de socios al empresario español Gonzalo González y otros socios locales, se encuentra paralizada desde el mes de mayo de 2010 cuando una filial de la petroquímica se apropiara de una parcela de la compañía española donde se encontraban los generadores eléctricos de la compañía.
Desde ese momento, la firma española se quedó sin suministro eléctrico y tuvo que dejar de producir. La compañía se encuentra en la región de Fushun, al noroeste de China, y su lucha se produce contra la filial de Petrochina denominada Fushun Shihua. "De la noche a la mañana levantaron un nuevo muro que nos impedía acceder a nuestras instalaciones", asegura Lulu, una de las socias de la compañía. A partir de entonces, la empresa española decidió demandar a la filial de la multinacional petrolera. Al año siguiente, un tribunal local dio la razón a la compañía española e instó a la petrolera china a acordar una indemnización, aunque no impuso una cifra concreta.
Taihe estimó que el coste de la expropiación de su terreno sumado al deterioro por el cierre de sus operaciones desde 2010 ascendía a cerca de 20 millones de euros. La filial de Petrochina sólo estaba dispuesta a ofrecer 162.000 euros, según los portavoces de la firma española. Petrochina sólo asumía los daños de la intromisión en la instalación, pero no los derivados del cierro de la fábrica. Desde entonces, el caso quedó paralizado, ante la negativa tanto de la multinacional como del propio tribunal a aceptar una tasación independiente de los daños causados.
Los empresarios españoles consideran que debe ser el tribunal de justicia el que obligue a realizar esa tasación, pero no lo hacen -afirman- por la connivencia con el Gobierno chino, dueño final de la multinacional. "Es un ejemplo de los problemas que pueden sufrir los empresarios españoles que van a China y tropiezan como nosotros con una empresa pública", afirma Lulu. Mientras, seis años después, la fábrica está en completo abandono. Los socios intentan seguir por la vía judicial y un segundo recurso les ha vuelto a dar la razón, pero nadie mueve un papel más. Mientras, denuncian su caso en España.
