La juez del caso Vitaldent, María Isabel Serrano Pozuelo, ha pedido a siete países -Suiza, Luxemburgo, EEUU, Argentina, Uruguay, Portugal e Italia- que procedan al bloqueo y embargo preventivo de todos los activos financieros y los bienes inmuebles pertenecientes al dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, y de los otros cinco directivos actualmente en prisión por esta trama. La juez de Instrucción número 2 de Majadahonda ha solicitado asimismo a estos países, a través de comisiones rogatorias internacionales, toda la información posible sobre los actividades de todos los investigados en esta caso.
Hay que recordar que, según el informe de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional (Udef), enviado al juzgado, los investigadores mantienen la sospecha de que el empresario uruguayo fundador de Vitaldent se llevó poco a poco su patrimonio a Luxemburgo con el objetivo final de deshacerse de todo el negocio y quedarse después con el dinero.
Además, según la documentación del Registro Mercantil de Luxemburgo publicada por este diario, los directivos de Vitaldent facturaron hasta 456 millones de euros en sólo dos años -2013 y 2014- a través de la matriz de su conglomerado empresarial en Luxemburgo, la sociedad Dental International Sarl. Esta firma fue creada por Ernesto Colman en octubre de 2013 como holding del entramado, del que cuelgan actualmente más de 399 sociedades de forma directa o indirecta, tanto las españolas como las abiertas en otros países. Además, al cierre de 2014 esta sociedad tenía activos declarados en el Gran Ducado por valor de 217,1 millones de euros.
Los responsables de Vitaldent detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación Topolino desviaban sin declarar el dinero en metálico que exigían a sus franquiciados, principalmente a Suiza y Luxemburgo. Según el informe de la Policía, los movimientos de dinero entre cuentas de diversos paraísos fiscales eran constantes.
rnesto Colman creó sociedades en Holanda, cuyo objetivo era emitir facturas falsas para expatriar los fondos obtenidos en España y poder colocarlos en sus cuentas bancarias situadas en Suiza. Desde este país, Colman y personas de su mayor confianza reingresaban el dinero a España. Luego ese dinero se reinvertía en artículos de lujo, coches de alta gama, fincas o incluso un avión de un millón de euros.
Fincas y cuentas intervenidas
Además de las comisiones rogatorias internacionales a esos países, la juez del caso también dictó la prohibición a Colman y el resto de directivos de disponer sobre los 127 inmuebles que según la Policía pertenecen a la trama. Estas viviendas están aún pendientes de una valoración aproximada, mediante el libramiento de mandamientos judiciales dirigidos a 39 Registros de la Propiedad en todo el territorio nacional.
El Juzgado también tenía previsto la prohibición de disponer a los detenidos sobre 103 fincas de carácter rústico que conforman el término municipal del pueblo aranés de Montgarri, en Lérida, y valoradas en 5,3 millones de euros, mediante el libramiento judicial dirigido al Registro de la Propiedad competente.
La misma prohibición pesa sobre 36 vehículos de motor, algunos de ellos de lujo, igualmente mediante el libramiento de mandamiento judicial dirigido al Registro de Bienes Muebles. A esta petición se suma el bloqueo del avión Cessna 550, valorado en un millón de euros, y que fue solicitado a la sección de aeronaves del Registro Provincial de Madrid de Bienes Muebles.
En cuanto a los activos financieros, la juez ha pedido bloquear los saldos que las principales personas físicas y jurídicas investigadas poseen en 25 entidades financieras españolas. Igualmente, se han bloqueado los activos financieros de dos sicav, con un saldo de 5 millones de euros, mediante la expedición de mandamiento a las sociedades gestoras de ambos y que están participadas, según indica el Juzgado, por dos de los principales investigados, uno de ellos el fundador Ernesto Colman.
Hay que recordar que tanto al dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, como al vicepresidente, Bartolo Conte, y los miembros de la cúpula Javier Arteaga y Nicolás Sissini, la juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal.
La magistrada les considera a todos ellos responsables de haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
Entidades
