El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no ha pasado la auditoría de su último ejercicio, correspondiente al año 2014. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -la encargada habitual de controlar las cuentas de las sociedades públicas españolas- denuncia en su informe como problema principal la disparidad de criterios a la hora de calcular las prestaciones. Un tercio de las sociedades públicas tiene salvedades en sus cuentas
En este sentido, la IGAE señala "criterios dispares" para otorgar estas prestaciones, que suponen el 99% de los gastos de gestión de este organismo. Por ello, la IGAE solicitó en numerosas ocasiones ampliar la información para resolver la disparidad de criterios, pero o no se la dieron o era insuficiente.
De hecho, este problema se agravó con el proyecto Greta -que puso en marcha para reducir la acumulación de expedientes que tenía la compañía pública- por el que se externalizó buena parte de estas prestaciones.
El encargado entonces de determinar estas cuantías fue Tragsa -otra firma pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)-, cuyo personal "no contaba ni con la experiencia ni con la formación adecuada" para realizar esta labor. Eso no impidió, no obstante, que gestionaran prestaciones por valor de 1.370 millones de euros (un 59,85% del gasto total).
Pero no sólo eso. La falta de control también se vio clara en que no se pudo obtener el número de sentencias pendientes, dado que era difícil obtener esos datos "por la escasa fiabilidad de las apliaciones informáticas".
Por otro lado, también es llamativo que el gasto en prestaciones sociales se disparó un 66,7% durante el ejercicio de 2014. En total, se reconocieron 2.289 millones de euros para pagar los gastos de ese año frente a los 1.373 millones del anterior. Si se tiene en cuenta el gasto de 2006 (312 millones de euros), la cantidad se ha disparado un 634%.
