El Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr junto a la italiana Impregilo, Jan de Nul y Cusa, han presentado ya reclamaciones por 3.480 millones de dólares (3.220 millones de euros) ante la Autoridad del Canal de Panamá, lo que supone duplicar el coste de la adjudicación de la obra en 2009 que ascendía a 3.118 millones.
A lo largo de este pasado ejercicio, el grupo ha presentado reclamaciones por 310 millones de dólares, lo que ha supuesto llegar a duplicar el coste de la adjudicación, tal y como se desprende de las memorias que hace públicas la ACP cada año.
Esta situación ha vuelto a generar una fuerte tensión entre los constructores y el administrador del Canal ya que la mayoría de ellas han sido rechazadas por la ACP y remitidas a la Junta de resolución de conflictos (DAB).
Desde el pasado 20 de diciembre, tanto los constructores como el administrador, Jorge Quijano, han mantenido un cruce de declaraciones públicas en el que por una parte, los grupos constructores han lamentado los retrasos existentes en los pagos por parte de la ACP y, por otra, se ha acusado a los promotores de inflar las cifras de las reclamaciones.
El Grupo Unidos por el Canal aseguró que la ACP sigue retrasando cualquier tipo de pago que le corresponde bajo el contrato de adjudicación, lo que limita el progreso del proyecto, que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha comprometido ya para mayo de este año.
Según explica la ACP, Gupc reclamó 463,9 millones de dólares por las mezclas de cemento y agregados que fueron denegadas por la ACP. Posteriormente, esta reclamación se llevó al DAB que decidió en diciembre de 2014 darles la razón a los constructores que debían recibir 233,2 millones de dólares.
La Autoridad desembolsó esta cantidad pero en marzo de 2015 ambas partes, tanto el Canal como los constructores, presentaron ante la Cámara Internacional de Comercio dos solicitudes de arbitraje separadas. Por su parte, el consorcio espera recuperar 577 millones por este motivo y la ACP la devolución de dinero pagado. En estos momentos se están constituyendo los tribunales arbitrales.
En lo que respecta la reclamación de la ataguía temporal del Pacífico, GUPC pide 218 millones de dólares. En esta petición, el DAB le dio la razón al Canal y los constructores acudieron a un arbitraje cuya audiencia está prevista para julio de este año tras haberse solicitado un retraso.
Acusaciones cruzadas
La Autoridad del Canal, no obstante, aseguró que la inauguración de la obra está prevista para el segundo trimestre de este año y que el desfase en la culminación del proyecto del tercer juego de esclusas se debe a varios factores: los problemas organizacionales del contratista, especialmente al inicio de las obras; ineficiencias; retrasos del contratista en el diseño y pruebas de las mezclas para hormigón; la suspensión temporal unilateral de la obra; y las filtraciones en el quicio #3 del Pacífico entre otros.
El Canal de Panamá asegura además que la Junta de Resolución de Conflictos expresó su preocupación por la metodología de cálculos en las reclamaciones presentadas por el consorcio Grupo Unidos por el Canal, (GUPCSA), responsable del diseño y construcción de las nuevas esclusas del Canal.
En varias de sus consideraciones, en relación a los costos de mano de obra, el DAB hizo notar que las metodologías de cálculo de GUPC podrían 'inflar artificialmente' los costos.
Cabe señalar que el DAB contrata sus propios expertos en estimación de costos para asistirlos en llegar a los montos. Estas advertencias planteadas de distintas ocasiones a lo largo del fallo, coinciden con la preocupación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre la inconsistencia y falta de sustento que de manera usual caracterizan las reclamaciones presentados por GUPC, y la reiterada pretensión de obtener de forma ilegítima hasta el triple del dinero.
Vale recordar, que de los cinco fallos del DAB a GUPC, de la suma reclamada por el consorcio, 803 millones, se le ha otorgado 283 millones, casi 600 millones menos, según los datos del Canal.
El Grupo Unidos por el Canal, no obstante, asegura que hay cinco resoluciones del DAB que les dan la razón a GUPC.
