Nueva batalla entre Deoleo y los hermanos Jesús y Jaime Salazar, expresidente y exconsejero delegado de la compañía, que fueron cesados en 2009 tras descubrirse que habían desviado presuntamente 212 millones de euros de la caja del grupo a una de sus sociedades mediante la autoconcesión de un préstamo. En plena investigación aún de este caso en la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Diego de Egea, ha abierto ahora una nueva línea de investigación. Pero en esta ocasión no contra los Salazar, sino contra sus sustitutos al frente de la empresa.
Lo hace tras haber admitido a trámite una querella presentada precisamente por Jaime Salazar, por la que solicita que se investigue la venta de SOS, la división arrocera de Deoleo, al grupo Ebro Foods, debido al bajo precio que, según él, se pagó, causando un grave perjuicio patrimonial a los accionistas tras un supuesto pacto entre las dos empresas.
Entre los querellados figuran Mariano Pérez Claver, expresidente de Deoleo; Jose Manuel Muriel, exconsejero delegado también de la aceitera, propietaria de marcas como Koipe y Carbonell; Antonio Hernández Callejas, presidente del grupo Ebro Foods, y Jaime Carbó, que era director general de Ebro y que tras la operación de venta pasó a ocupar el cargo de consejero delegado en Deoleo.
Diligencias
En el auto dictado ahora por el juez De Gea, al que ha tenido acceso elEconomista, se asegura que "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delitos societarios y reuniendo la querella los requisitos que establece (...) la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede su admisión a trámite, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y sus circunstancias".
Tanto en el entorno de Ebro como en el de SOS existe total tranquilidad. "Se ha actuado siempre de forma ética y legal y aportaremos toda la documentación. El proceso ha sido totalmente transparente. La querella es un despropósito", aseguran desde Ebro.
Según el texto de la misma, los consejos de administración de la antigua SOS (la actual Deoleo) y de Ebro Foods orquestaron un plan en virtud del cual la primera de ellas comenzó en febrero de 2010 un proceso público de venta de su negocio de arroz, cuyo mandato correspondía a Credit Suisse.
El plan, siempre según la narración de Jaime Salazar, se abandonó "injustificadamente" en mayo de ese mismo año, para después anunciar por sorpresa la aceptación de una oferta vinculante por parte de Ebro Foods, líder mundial ya en el sector del arroz, por un importe de 195 millones de euros, "cuando su valor de mercado era de 304 millones de euros".
Según Salazar, como parte del plan orquestado previamente, Mariano Pérez Claver "pretendió hacer creer a los accionistas de SOS la falacia de que el procedimiento jurídico de venta iniciado tres meses y medio antes de la Junta General había quedado paralizado sine die". En realidad, según dice, "todo fue un montaje dirigido por los querellados", ya que "ni la venta del negocio de arroz de SOS se estructuró como un proceso público y competitivo de venta, ni quedó paralizada tras la aprobación de las cuentas anuales de 2009".
En la querella se explica que el cierre de la operación permitió que el presidente y dos consejeros de Ebro Foods entrasen en el consejo de administración de SOS, estando todavía pendiente la fase de ejecución de la venta". Se trataba del propio presidente de Ebro, Antonio Hernández Callejas, y del presidente de Damm y consejero también de la compañía, Demetrio Carceller, además del entonces director general Jaime Carbó. Y es que al tiempo que se materializa la compra, Ebro anunciaba que suscribía la ampliación de capital de SOS por 50 millones, lo que le permitía hacerse con un 10% de las acciones.
Para Jaime Salazar, de ese modo, Ebro Foods resultó la gran beneficiada, ya que "se garantizó el control de la fijación del precio definitivo mediante la participación en particular de dos de sus consejeros, sobre quienes pesaba un deber de abstención, por el evidente conflicto de interés, en la adopción de acuerdos por el consejo de administración de SOS".
Toda esta operativa habría provocado un perjuicio económico a SOS, y por ende a sus socios, entre los que está Jaime Salazar, de entre 87 millones y 93 millones de euros.
Asimismo, el exdirectivo asegura que "jamás se comunicó a los oferentes la fecha límite para realizar la oferta definitiva y vinculante y tampoco se comunicó ni a los potenciales inversores ni al mercado ni a los accionistas el fin del proceso iniciado y pilotado por Credit Suisse", toda vez que, según él, todo estaba ya previamente pactado con Ebro.
Junto a todo ello, también es objeto específico de la querella, "la fraudulenta percepción por parte de los querellados Juan Llopart y su sociedad Llopart Eurconsejo de una comisión o retribución procedente de Deoleo en relación a servicios, bien inexistentes, bien ya incluidos en los deberes como como administrador de SOS competían al citado señor Llopart". Esa supuesta comisión se elevaría a un importe de un millón de euros.
Solicitud de documentación a las partes
El juez Diego de Egea, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, ha hecho requerimientos a Ebro Foods, a Deoleo, a Credit Suisse y la sociedad Llopart Euroconsejo, que actuó como intermediario en la operación de venta de SOS, para tratar de esclarecer los hechos denunciados por Jaime Salazar.
El magistrado quiere saber si hubo una operación de venta fraudulenta.