La regulación ambiental, como la que persiguen los 195 países reunidos en París para contener la temperatura global en 2º centígrados, amenaza unos dos billones de dólares en deuda calificada -la mayoría en activos energéticos-, que perderían su valor porque no podrían desarrolarse los proyectos que la respaldan de la forma prevista.
Así lo sostiene un reciente informe de Moody?s que analiza el riesgo climático, tanto de las amenazas ambientales como de las regulaciones que buscan prevenir esas amenazas: "Las políticas para reducir las emisiones de carbono están cambiando las dinámicas de algunos sectores, como la industria del carbón y la generación de energía, y puede transformar dramáticamente la dinámica de otros, como los automóviles o el gas y el petróleo".
El informe de Moody?s analiza 86 sectores globales, con una deuda asociada de 67,9 billones, y llega a la conclusión de que la mayoría de los riesgos se concentran en 11 sectores, que acumulan dos billones de dólares en deuda. De estos 11, en tres -la generación de energía liberalizada, la minería de carbón y la estructura logística del negro mineral- ya se está produciendo una degradación de sus calificaciones; en los ocho restantes -la fabricación de automóviles, la exploración y extracción de petróleo y gas, la minería, el acero, la química...- la degradación se producirá en un plazo de tres a cinco años.
Otros 17 sectores también afrontan una reducción de sus calificaciones, pero en un plazo superior, lo que les daría tiempo para adaptarse a la nueva situación, ajustando sus modelos de negocio, sus perfiles financieros, incorporando nueva tecnología, etc.
Precisamente en la tecnología pone el acento la agencia de calificación, que "creará ganadores y perdedores" dependiendo de la estructura de los negocios y de la flexibilidad para adaptarse a ella.
Dos billones innecesarios
Otro reciente informe, esta vez de Carbon Tracker, coincide con el de Moody?s en señalar que hay dos billones de activos en riesgo, pero esta vez centrándose exclusivamente en el sector energético.
De acuerdo con la prospectiva de la Agencia Internacional de la Energía, para que la temperatura global no supere el umbral de los 2º centígrados, las emisiones energéticas no deberían crecer más que 593 millones de toneladas de CO2 hasta el año 2035.
A partir de ese cálculo, y de la evolución del mix energético global propuesto por la Agencia para conseguir el objetivo climático, Carbon Tracker calcula qué recursos energéticos fósiles -los emisores de CO2- deberían quedarse bajo tierra sin explotar, a cuánto asciende su valor económico, en qué regiones está y cuáles son las empresas más afectadas.
El resultado, a grandes rasgos, es que no se deberían concretar inversiones previstas por dos billones de dólares. Los dos tercios, por su mayor tamaño económico, corresponden al sector del petróleo -1,3 billones-, aunque el desarrollo del carbón se vería cortado en seco: no se deberían abrir nuevas minas -los datos indican que se podría haber tocado techo ya-, y el gas sería el menos afectado.
Pemex, Shell y Exxon, las empresas más perjudicadas por el carbono
El informe de Carbon Tracker identifica las 20 empresas que más tendrían que reducir las inversiones por la política climática. Todas ellas son petroleras: la primera, Pemex, no tendría que invertir 77.000 millones; la segunda, Shell, 76.900, y la tercera, ExxonMobil, 72.900 millones. Por tipo de activos, los más afectados serían los más caros: los crudos no convencionales, las arenas bituminosas de Canadá y los yacimientos árticos; en Oriente Medio apenas se notaría.
