La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el pasado 13 de noviembre abrir diligencias para investigar un presunto delito societario de Abengoa y Deloitte, la firma que se había encargado de supervisar sus estados financieros. Ocurrió tan sólo diez días antes de que el grupo Gestamp diera marcha atrás y rechazara salir al rescate de la ingeniería andaluza, abocándola así a presentar el preconcurso de acreedores.
Yvancos Abogados, un bufete de Madrid, había acudido hasta en tres ocasiones a la Audiencia para reclamar la apertura de un proceso contra la familia Benjumea, accionista de referencia de la compañía, denunciando, por un lado, una posible falsedad contable y, por el otro, por las altas indemnizaciones percibidas por sus directivos.
La primera querella se presentó en noviembre de 2014 pero la fiscalía de la Audiencia se negó a abrir diligencias tan solo tres meses después, en febrero de 2015, al no apreciar ningún indicio de delito. Yvancos presentó entonces un recurso de apelación, que fue igualmente rechazado en agosto por el juez Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional.
En septiembre, y después de conocer la indemnización de 11,4 millones de euros de Felipe Benjumea tras su cese como como presidente ejecutivo, el despacho de abogados solicitó la reapertura del caso ante la Sala de lo Penal. En un auto dictado por Ángela Murilla, Carmen González y Juan Francisco Martel, al que ha tenido acceso elEconomista, la Sala ha vuelto a rechazar, sin embargo, el inicio de una investigación al seguir sin apreciar indicios delictivos.
Yvancos Abogados presentó ayer en nombre de accionistas y bonistas una nueva querella, que se suma a la presentada ya el pasado lunes por otro despacho, contra los miembros del consejo de administración de Abengoa y contra su auditora, Deloitte, por la presunta comisión de varios delitos societarios, asegura en una nota.
Más allá de las negativas de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción presentó ya en 2003 una querella contra cuatro consejeros y máximos directivos de Abengoa por un presunto delito de administración desleal y falseamiento de cuentas por la compra del 3,7% de Xfera a una sociedad instrumental controlada por los propios consejeros de la ingeniería. En 2007, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, decidió archivar el caso al no haber perjudicados.
