El Gobierno quiere evitar que se produzcan en España nuevos escándalos como el que golpea desde el mes de septiembre al grupo Volkswagen. Con este objetivo, el ministro de Industria someterá al sector del motor a inspecciones masivas en todas las grandes marcas en búsqueda de posibles irregularidades en las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Según anunció ayer en Santa Cruz de Tenerife el ministro José Manuel Soria, se van a inspeccionar, en concreto, hasta 30 modelos de distintas enseñas en coordinación con la Comisión Europea, que ha instado a todos los Estados de la UE a revisar el etiquetado de las emisiones de CO2.
En el caso de que se detectaran incumplimientos por parte de alguna empresa, Industria tendría que reclamar la devolución del Plan Pive y el posible ahorro que la marca automovilística hubiera conseguido en el impuesto de matriculación al declarar menos emisiones de las reales. Eso es algo que va a hacer ya el grupo Volkswagen, que se ha comprometido a devolver hasta 50 millones de euros del Pive -ha admitido que ha vendido 50.000 coches en España con emisiones de dióxido de carbono que no son reales- y pagar a sus clientes por la tasa no abonada tras la matriculación.
Devolución del Pive
"La empresa se ha hecho responsable de todas las ayudas que se han dado por los planes Pive. Ese es un compromiso que está vigente y lo han puesto por escrito", subrayó ayer Soria al ser preguntado por el compromiso adquirido por el fabricante alemán.
Como aseguraron ayer desde distintos despachos de abogados que han montado plataformas de afectados, aunque Volkswagen solucionase los problemas técnicos, los vicios ocultos existentes en la compra del vehículo tienen un plazo legal de reclamación de 6 meses, por lo que la fecha tope para la misma sería el próximo 18 de marzo del 2016, justo cuando se cumple medio año desde que se detectó el escándalo en Estados Unidos.
El comisario de Clima y Energía de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, volvió a insistir por otra parte, durante un desayuno informativo, que la Comisión Europea ha actuado con "prudencia" en el caso del fraude de las emisiones de gases contaminantes de Volkswagen, pero que, a pesar de eso, impondrá las sanciones previstas en la legislación vigente.
Frente a las inspecciones masivas, Arias Cañete recordó, no obstante, que "lo que no podemos hacer es poner en cuestión a toda la industria automovilística europea" por el caso Volkswagen.
La empresa con sede en Wolfsburgo (Alemania) ha realizado ya los primeros cálculos de cuánto le puede costar el escándalo por haber trucado los motores de 11 millones de vehículos en todo el mundo para reducir las emisiones. Según aseguran fuentes sindicales, la dirección de la compañía en Alemania les informó ya que el cálculo estimado en un principio podría superar los 50.000 millones de euros.
Sanciones
Estas fuentes insisten, no obstante, en que el importe final dependerá de cómo avancen las investigaciones abiertas en distintos países, en algún caso incluso, como España, por la vía penal. Hay que tener en cuenta que tan sólo en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) podría sancionar a la compañía con una multa de hasta 18.000 millones de dólares (16.000 millones de euros). En España, después de una petición de Fiscalía de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número dos, ha admitido a trámite las querellas presentadas con el grupo, imputándole por un presunto delito de estafa y otro contra el medio ambiente, además de un fraude en las subvenciones.
Frente a los miles de millones de euros en costes que debe afrontar Volkswagen en la solución del escándalo, la compañía alemana podría tener que replantearse además su imperio de marcas, según los expertos consultados en las últimas semanas por la agencia Bloomberg. Los analistas consideran que Volkswagen, que en 2014 facturó más de 200.000 millones de euros, podía permitirse hasta ahora el lujo de sostener filiales financieramente débiles, como Seat o Bugatti, con los ingresos obtenidos de la más rentables (Audi o Porsche), pero está obligada en este momento a repensar su posición en estas marcas ante la necesidad cubrir los costes vinculados a la crisis.
Planes Movea y Pive
El Gobierno tiene previsto, por otro lado, aprobar este próximo viernes el siguiente el Plan Movea para vehículos de energías alternativas, al tiempo que prorrogará también hasta julio de 2016 la octava edición del Pive, el programa de compra de vehículos eficientes, según anunció Begoña Cristeto, la secretaria general de Industria y Pyme. Cristeto realizó este anuncio en la sesión inaugural del III Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico (Ceve 2015), organizado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) en la sede del CSIC, en Madrid. Durante su intervención, Cristeto ha destacado que el vehículo eléctrico en España, con una cuota de mercado del 0,3 %, está muy retrasada frente a países como Francia, con una cuota del 11 %, Alemania, con un 4 % e incluso Italia, con un 0,5 %, y Noruega, con un 25 %. El Movea es resultado de fusionar el plan Movele con Pima Aire. Asimismo, de los 275 millones de euros inicialmente presupuestados para el Pive 8, quedan unos 100 millones sin utilizar, según explican fuentes del sector.
Las ayudas estatales, a las que se suman descuentos similares por parte de los fabricantes de coches, permitieron que las ventas de coches en España crecieran de forma continua durante los últimos 26 meses. En los primeros diez meses de 2015, las matriculaciones aumentaron en este sentido un 20,5 % sobre el mismo periodo del año anterior. El Plan Pive permitirá, entre otras cosas, impulsar al sector en un momento especialmente delicado debido, precisamente, a las incertidumbres generadas por Volkswagen.
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