La junta de accionistas de El Corte Inglés ha aprobado el cese de Corporación Ceslar, representada por Carlota Areces como consejera, con el voto de todo el capital presente y representado salvo el de dicha firma. Ceslar es la entidad que agrupa a las acciones de la familia Areces Galán y que es propietaria de un 9% del capital.
Se trata del accionista que se había posicionado en contra de la entrada del jeque catarí Sheik Hamad Al Thani en el accionariado. El Corte Inglés aseguró que "el Consejo de Administración por unanimidad formuló esta propuesta a la Junta General como consecuencia de los reiterados incumplimientos incurridos durante las últimas semanas por Corporación Ceslar, de sus deberes de lealtad y secreto que le son exigibles como administrador al dar difusión pública a informaciones, datos, informes o antecedentes a los ha tenido acceso en el desempeño de su cargo y sobre los que debía guardar la necesaria reserva". Ese comportamiento por parte de un consejero impide, según la compañía, el ordenado funcionamiento del órgano de administración e imposibilita la buena marcha de los asuntos sociales en perjuicio de la sociedad y el conjunto de sus accionistas.
La sociedad Ceslar, que impugnará la junta de accionistas de hoy, emitió un comunicado el pasado 12 de agosto en el que denunciaba que "la operación de préstamo por la que dará entrada al grupo catarí Primefin en el accionariado de El Corte Inglés (mediante la compra de autocartera) no es más que una maniobra para arrinconar a los accionistas tradicionales y conseguir blindar el poder del actual equipo gestor".
El grupo que preside Dimas Gimeno anunció el 13 de julio el acuerdo por el que Al Thani desembolsaba 1.000 millones para hacerse con el 10 por ciento de las acciones, operación que ha sido aprobada hoy. La entrada del jeque supone valorar la empresa en 10.000 millones, casi 14 veces el ebtida.
Para la Corporación Ceslar, sin embargo, supone "una pérdida de valor inaceptable para los accionistas". Según la familia Areces Galán, es un importe que queda "por debajo de todas las estimaciones realizadas y muy inferior a los 18.000 millones de euros que ya decía en 2013 la empresa Tinsa que valían los activos inmobiliarios". Al igual que Ceslar, la Corporación Mancor, dueña de otro 10 por ciento, también se opone, pero no ha hecho ninguna denuncia pública.
