La subasta para asignar el servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico de 2016, que se celebrará el próximo lunes, promete ser tormentosa. Ayer, la patronal de las empresas papeleras, Aspapel, avisó de que varias fábricas de sus asociados estaban "pendientes de habilitación" para participar en ella "al haberse visto afectadas por resoluciones sancionadoras que no pueden considerarse ejecutivas".
La Orden IET/2013/2013, que regula estas subastas para asignar el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, establece que el gestor técnico del sistema, REE, puede proponer a Industria la exclusión del servicio a un proveedor que haya incumplido alguno de los requisitos o de las condiciones técnicas establecidas.
Fuentes del sector indican que no son muchas las fábricas papeleras que han sido inhabilitadas, apenas media docena, pero que hay otras factorías en igual situación en otros sectores, como el alimentario. Hace un par de días, la química Solvay también advirtió de que una de sus plantas, la de Martorell, había sido excluida de la próxima subasta, y que, además, tenía que devolver las cantidades que obtuvo en las primeras subastas, celebradas a finales del año pasado.
"Problemas generalizados"
Aspapel indica que las empresas interrumpibles en su sector tienen requisitos adicionales a la mayoría de las demás empresas interrumpibles, lo que nunca había sido un problema. Sin embargo, aclara que "un cambio en las especificaciones técnicas introducidas esta temporada" ha dado origen a "problemas generalizados". Por este motivo, los afectados están impugnando las sanciones inhabilitadoras y consideran que no pueden ser excluidos de las subastas, "ya que de ser así el daño sería irreversible aunque al final se les diera la razón". En la citada Orden se establece que el Ministerio podrá autorizar la participación cuando el incumplimiento "se hubiese producido por motivos excepcionales debidamente justificados".
Mecanismo de seguridad
El servicio de interrumpibilidad es básicamente un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico que existe desde hace más de una década, que permite cortar el suministro a grandes consumidores industriales en caso de que haya riesgo de sufrir un apagón.
Se modificó con la reforma eléctrica, introduciendo subastas de dos tipos de productos -lotes de potencia de 5 MW y de 90 MW-, con la intención de abaratarlo. Además, se autorizó a REE que lo emplease también por cuestiones económicas, de modo que sirva para contener una fuerte subida de los precios. Por esta razón varias patronales han asegurado que el proceso genera incertidumbre.
El mecanismo de la subasta del lunes será similar a las dos celebradas en 2014. En la primera participaron 139 plantas, el precio de salida para los productos de 5 MW fue de 260.000 euros y para los de 90 MW fue de 350.000 euros; los primeros cerraron a 95.000 euros y los segundos a 295.000 euros.
