Anclados en la minería y la generación de electricidad con carbón, rechazan someterse a las medidas establecidas por el Presidente y apelan a una corte de Washington
Cuando el presidente de EEUU presentó su plan para reducir las emisiones de CO2, el pasado 3 de agosto, hubo estados que, dependientes de la minería y la producción eléctrica con carbón, anunciaron que se opondrían con uñas y dientes en los tribunales. Y poco han tardado en materializar sus amenazas.
Quince Estados, Virginia Occidental, Kentucky, Wyoming, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Michigan, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wisconsin, gobernados por el partido republicano, han elevado una petición a la Corte de Apelación de Washington contra el Plan de Obama.
El recurso llega antes de lo previsto, porque la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés) aún no ha registrado todos los detalles del Plan y se esperaba que aguardaran a ello para hacerlo; sin embargo, los demandantes han considerado que se establecen una serie de hitos temporales que les obligan a planificarse y han decidido actuar cuanto antes, según informa Bloomberg.
El Plan de Obama aspira a que las emisiones de efecto invernadero de EEUU se reduzcan en 2030 un 32 por ciento en relación a las que había en 2005. Su corazón lo forman unos estándares de emisiones de CO2 para las plantas eléctricas de carbón y gas que ha elaborado la EPA. Cada Estado tendrá que asegurarse de que las centrales ubicadas en su territorio no emiten más de lo admitido por dichos estándares, ya sea individualmente o en conjunto, y teniendo a su disposición varias medidas de flexibilidad.
La EPA también ha desarrollado una guía que oriente a los estados a implementar sus propios planes de reducción de anhídrido carbónico, que deben estar listos en septiembre de 2016; ahora bien, se contempla un período de gracia de dos años para los estados que necesiten más tiempo. Los planes tendrán que empezar a aplicarse en 2022 -originalmente era en 2020- y las emisiones habrán de reducirse progresivamente hasta el año 2030.
Las directrices de la EPA no se limitan a las plantas de generación con combustibles fósiles; también se ocupan de la eficiencia energética, de las energías renovables -habrá facilidades para los que apuesten pronto por ellas-, del refuerzo de las redes de transmisión, de la participación en mercados de derechos de emisión similares al existente en la UE o California, y de la interlocución con los implicados.
Uno de los elementos que menos gusta a los 15 Estados que rechazan el Plan de Obama -alguno tiene muy fácil cumplirlo- es que si fallan a la hora de diseñar su planificación, la EPA actuará directamente.
La industria del carbón en EEUU afronta malos años sin necesidad de presiones ambientales; la revolución del gas no convencional, obtenido con fracking, está desplazándolo como combustible: si en 2006 producía la mitad de la electricidad del país, hoy apenas llega al 30 por ciento.
