El Ministerio de Agricultura ha presentado el segundo Informe de evaluación sobre la contratación pública verde en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), que abarca de 2011 a 2015, y los resultados no son malos. Sólo en el caso de incluir la Ecoetiqueta UE como criterio de adjudicación de contratos y en el caso de exigir la garantía de disponibilidad de recambios durante cinco años en las adquisición de material mobiliario hay una implantación baja; en todo lo demás la implantación es moderada, amplia o total.
En enero de 2008 el Gobierno aprobó el Plan de Contratación Pública Verde, que establece objetivos ambientales para la AGE a la hora de adquirir y contratar en ocho grupos concretos de productos, servicios y obras, considerados prioritarios por la legislación europea: construcción y mantenimiento, transporte, equipos de oficina, papel y publicaciones, productos y servicios de limpieza, mobiliario, eventos, y energía y otras actuaciones.
El informe recientemente presentado resume la situación en 120 entidades públicas: todos los ministerios y los organismos dependientes de ellos, desde la Agencia Tributaria hasta las confederaciones hidrográficas.
Las mejores puntuaciones, con una implantación muy amplia o total, las obtienen los sistemas de recogida de residuos, el ahorro de agua, la adquisición de equipos informáticos eficientes -con etiqueta Energy Star- y de equipos de impresión compatibles con el papel reciclado, así como la contratación de servicios de limpieza que tengan en cuenta la biodegradabilidad de los productos usados y que no contengan substancias tóxicas.
Por ejemplo, la recogida del papel usado llega al ciento por ciento en la mayoría de los centros, y en aquellos donde no es así, llega al 91,5 por ciento. Otro ejemplo: sólo un 23,5 por ciento de los departamentos públicos tiene alguna sede en la que no está totalmente implantado el ahorro de agua.
En el contrapeso de la balanza, con una implantación baja, están la inclusión de la Ecoetiqueta de la UE como criterio de contratación y el tener en cuenta la disponibilidad de recambios durante cinco años en la compra de mobiliario, con poca implantación. En ambos casos se ha mejorado, porque se han incluido en el sistema de compra centralizado en el Ministerio de Hacienda, implantado el año pasado.
También en ese contrapeso está el hecho de que España aún no haya traspuesto las cuatro directivas europeas que afectan a la compra pública verde, aunque todas son recientes, de 2014.
De todas formas, se anuncia un aluvión de normativa europea en esta materia, para que enlace con el próximo paquete legislativo de Economía Circular, así como con la nueva legislación climática. De momento, la Comisión trabaja en revisar y ampliar los requisitos de casi todos los grupos de productos.
El Puerto de Cartagena, premiado por la Comisión Europea
Entre los casos más destacados del país el Informe se refiere al Puerto de Cartagena y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
La Autoridad Portuaria de Cartagena va más allá que las demás 27 autoridades portuarias de España a la hora de preocuparse y ocuparse del medio ambiente, y la Comisión Europea le ha premiado por ello este mismo año.
Los puertos deben cumplir unos requisitos ambientales mínimos, como tener redes para las aguas pluviales y saneamiento, gestionar sus residuos o diseñar planes de mantenimiento de los equipos que pueden causar vertidos o emisiones.
La Autoridad de Cartagena avala su buen hacer en la materia con un ramillete de certificaciones en calidad ambiental, como las ISO 14.001, 18.001 y 9.001, así como un Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Emas), un sistema voluntario muy exigente. La Comisión Europea se lo ha reconocido este mismo año, otorgándole uno de los presitigiosos Premios Emas, por ser una de las organizaciones más innovadoras y ambiciosas a la hora de reducir su impacto ambiental.
En el Puerto de Cartagena hay más de 400 contenedores para los distintos tipos de residuos; los sistemas de ahorro de agua y energía son sobresalientes, con automatización de redes, válvulas y otros equipos; paneles solares térmicos y fotovoltaicos; barreras anticontaminación para la playa de Calacortina; carriles para bicicletas; gestión de flora y fauna endémica, etc.ç
Por otro lado, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo autónomo que abastece de agua a 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete -dos millones y medio de personas-, es la primera entidad pública que consigue la Certificación Flota Ecológica, otorgada por la Asociación Española de Flotas de Automóviles (Aegfa) y el Insituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae). Lo ha conseguido gracias a la renovación de sus 134 vehículos y la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos.
