Sólo el bolivariano régimen de Venezuela acumula más reclamaciones que el Reino de España en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial: 25 contra 20 desde ayer, tras la presentación de la última demanda, elevada a la corte por dos fondos de inversión: la Sicav OperaFund Eco-Invest y Schwab Holding.
De esas 20 reclamaciones, sólo una, la más antigua, de julio de 2012, no está relacionada con el recorte retributivo con carácter retroactivo que han sufrido las renovables en las sucesivas fases de la reforma eléctrica acometida por éste y por el anterior Gobierno. El caso, relativo al sector de la construcción, figura como "pendiente" en la base de datos del Ciadi, aunque también se indica que el árbitro designado lo cerró el pasado mes de abril.
Todas las demás demandas son por el recorte a las renovables, que ha ido creciendo hasta sumar unos 3.000 millones de euros anuales desde que el PSOE aprobó el Real Decreto-ley 14/2010. Después el PP promulgó el Real Decreto-ley 9/2013, la Ley 24/2013 y el Real Decreto 413/2014, que fijó el actual régimen retributivo, aplicado a las instalaciones renovables y la cogeneración desde el momento de su conexión a la red.
Lógicamente, a los propietarios de las instalaciones verdes no les ha gustado que no se haya respetado lo escrito en el Boletín Oficial del Estado y se han defendido como han podido.
La Carta de la Energía
Los extranjeros han acudido a las cortes internacionales de arbitraje porque el Reino de España es signatario del Tratado de la Carta de la Energía, lo que le compromete a someterse al fallo de los jueces en los desacuerdos que pueda tener con inversores en el sector energético.
El Tratado se creó en la primera mitad de la década 1990 y, pensado para proteger las inversiones en los antiguos países del Este, originalmente se ceñía exclusivamente a Europa.
Poco a poco fue ganando en firmantes, alcance y entidad -ya lo han firmado más de 70 países y entidades de todo el mundo-, y el pasado mes de mayo se aprobó una declaración política que aspira a dotarlo de carácter universal.
Amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía, sobre España también pende una demanda en la cámara de arbitraje de la ONU, Uncitral, y otras tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, una de las cuales fue presentada por una filial extranjera de Isolux.
Los demandantes y el abogado del Estado siguen intercambiando escritos y todavía no se ha abierto ninguna de las vistas, algo esperado con ansiedad por las partes y por el mercado. Sentencias contra España tendrían una gran repercusión económica.
Nacionales en desventaja
Los nacionales lo han tenido mucho más difícil, por el rango de la legislación usado por el Gobierno para aplicar los recortes. Antes de la publicación del Real Decreto 413/2014, han exigido responsabilidad patrimonial del Estado al Consejo de Ministros y han apelado a la Audiencia Nacional, para que elevara el caso a los tribunales europeos. Después han podido acudir al Tribunal Supremo, que ya ha comenzado las vistas de los centenares de recursos presentados.
Teóricamente, su suerte es independiente de la de los arbitrajes, pero no cabe duda de que sentencias condenatorias para España les ayudarían muy mucho.
