El seguimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar las penurias de las familias abocadas a ser desahuciadas no está siendo tan pacífica como se esperaba. "Diversas entidades de crédito" han recibido denuncias de "distintas instituciones públicas" relativas a la aplicación del bautizado como Código de Buenas Prácticas, reveló ayer el Banco de España en la Memoria de Supervisión de 2014.
El citado código se reguló en 2012 para forzar la reestructuración de la deuda a hogares sin recursos en condiciones favorables, contemplando altas quitas, dación en pago e, incluso, dejarles el piso con un alquiler mínimo para evitar que se quedasen sin techo. La suscripción es voluntaria, pero, una vez adherido, la aplicación resulta obligatoria. Las entidades se unieron de forma masiva, entre otras cosas, para evitar el sonrojo de salir señaladas, dado que al listado de asociados se da difusión pública.
Fuentes del sector reconocieron ayer que entes locales y alguna comunidad autónoma ha presentado quejas relativas a su seguimiento en la ventanilla del reclamaciones del supervisor.
Gobiernos locales y regionales
Es un salto, sino de escala, quizá sí en el foco de la conflictividad. Las buenas prácticas y la protección del cliente son aún grandes asignaturas pendientes del sector, cuya reputación resultó seriamente erosionada durante la crisis por la mala comercialización de productos como las preferentes, las escandalosas jubilaciones de gestores de entidades rescatadas o, incluso, las hipotecas con cláusulas suelo.
Concienciado del daño, numeroso banqueros asumieron públicamente los errores y hecho propósito de enmienda. El mismo organismo supervisor fortaleció el pasado año los esquemas para velar por la adecuada comercialización de productos y la resolución rápida de disputas con la creación del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, que asume la función reforzada de la antigua Dirección General de Supervisión y servicio de reclamaciones. Arrancó el 1 de octubre y en solo tres meses, hasta el 31 de diciembre, había iniciado 18 actuaciones en entidades de comprobación relativa a esta materia y hasta una inspección in situ.
Su origen parte de alertas en otras unidades del Banco de España, de instituciones públicas o privadas y, sobre todo, de quejas de clientes. Entre las actuaciones figuró el citado análisis de las denuncias sobre el uso del Código de Buenas Prácticas, pero también verificó si la contratación de créditos al consumo por algunas firmas reunía las condiciones de transparencia y protección al cliente exigibles. Esta última actuación se activa, según relata el organismo supervisor, por una denuncia "de un organismo público formulada contra una pluralidad de entidades prestamistas".
Estas diligencias dieron lugar a comprobaciones por intercambio de información y, entre ellas, un escrito con cinco requerimientos a una entidad vinculado a contratos hipotecarios. El Banco de España obligó a retirar o reformular durante 2014 además 132 anuncios en prensa e Internet. El dato favorable del ejercicio es que las quejas de clientes cayeron por vez primera desde 2011 un 15 por ciento, hasta 29.500 reclamaciones, si bien continúa siendo un volumen casi record en relación a los 10.000 ó 15.000 tramitados habitualmente al año antes de estallar la conflictividad por las cláusulas suelo.
