No hay acuerdo. España y Francia se niegan en rotundo a aportar los 140 millones de euros que piden TP Ferro, la sociedad que gestiona la línea de alta velocidad entre las estaciones de Figueras y Perpignan, y los acreedores de la infraestructura para refinanciar una deuda de 428 millones de euros y evitar la quiebra.
El desenlace inmediato será la declaración del concurso de acreedores el próximo 19 de julio. Con todo, los trenes seguirán circulando y, para ello, ACS y Eiffage, las propietarias de TP Ferro, han acordado con los Estados inyectar cuatro millones, suficientes para mantener la operativa hasta marzo de 2016, según confirman varias fuentes.
A partir de ahí, las partes seguirán negociando para intentar lograr la viabilidad del proyecto, cuyos costes financieros son, en este momento, inasumibles para la concesionaria, que ya ha denunciado a los países por los retrasos iniciales en la construcción de las vías y por las erráticas previsiones de tráfico, entre otras cuestiones.
Pero para ACS y Eiffage y para los acreedores, que se dividen prácticamente al 50 por ciento entre fondos de inversión internacionales (Avenue, BlueMountain, Merrill Lynch...) y entidades financieras (ING, BBVA, Bankia, Caixabank o Novo Banco), todo pasa porque los Estados insuflen capital. Un dinero público que con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno español no está dispuesto a aportar -tampoco el francés-, tal y como ha reiterado la ministra de Fomento, Ana Pastor.
En la última propuesta, además de los 140 millones requeridos a los países, las constructoras habían flexionado su posición respecto a marzo pasado, cuando solicitaron el preconcurso voluntario de acreedores. En concreto, ACS y Eiffage se habrían comprometido a aportar 50 millones, siempre y cuando los Estados asumieran su parte. De los 190 millones totales, una parte fundamental se destinaría a recomprar deuda y el resto al negocio, cuyas perspectivas, en cualquier caso, son mucho más positivas que hace unos meses.
Ante la ausencia de entendimiento, el conflicto se trasladará a los juzgados, como ya ha ocurrido en España con ocho autopistas de peaje. Si no hay acuerdo entre medias, será el juez el que dictamine si los Estados deberán pagar una compensación. El contrato de la concesión incluye una cláusula equivalente a la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA), que en un extremo podría llevar a los gobiernos a desembolsar hasta 600 millones. En el otro, los países no pagarían un solo euro.
TP Ferro seguirá gestionando la línea de alta velocidad a la espera de la decisión del juez o de que las partes consigan un acuerdo que hoy se antoja imposible. Ante la derivada de que España y Francia tengan que asumir la infraestructura, desde hace unas semanas negocian, como adelantó este diario, dos alternativas: crear una sociedad económico-financiera pública que gestione la línea, o que sean Adif y la RFF, el gestor ferroviario galo, las que asuman la concesión, cada una en su territorio.
