El día D está cada vez más cerca. TP Ferro, la sociedad que participan al 50 por ciento ACS y la constructora gala Eiffage y que es responsable de la gestión de los trenes de alta velocidad que unen España y Francia entre las estaciones de Figueras y Perpignan, declarará, salvo sorpresa mayúscula, el concurso de acreedores el próximo 19 de julio, una vez transcurridos los cuatro meses desde que presentó el preconcurso voluntario en un juzgado de Gerona.
Las posiciones de la empresa y de los fondos de inversión y entidades financieras tenedoras de la deuda, que alcanza los 428 millones de euros, siguen muy alejadas y todas las fuentes consultadas dan por "imposible" el acuerdo. En este escenario, la pelota pasará al tejado de los gobiernos de España y Francia, que en virtud de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) tendrán que salir al rescate de la concesión.
Según fuentes gubernamentales consultadas por este diario, España y Francia negocian desde hace varias semanas dos alternativas. Por un lado, estudian la creación de una sociedad económico-financiera de capital público que se haría cargo de la gestión del AVE entre ambos países. Esta vía es la preferida por el Ejecutivo francés. La otra opción es que Adif asuma la concesión en las líneas del territorio español y que la RFF, el gestor ferroviario galo, haga lo propio en Francia. En este caso, existen "complicaciones derivadas de los protocolos de seguridad", explican estas fuentes.
Las dos soluciones, en todo caso, obligan a los Estados a enfrentar una deuda millonaria que repercutiría en el déficit público. Algunas fuentes señalan que a España le correspondería cerca del 60 por ciento del endeudamiento, es decir, más de 255 millones. Para Francia, el importe superaría ligeramente los 170 millones. No obstante, otras fuentes se remiten a la proporción al 50 por ciento de la participación de las constructoras, lo que supondría 214 millones para cada país.
Una factura que Mariano Rajoy y François Hollande no están por la labor de afrontar. "Es imposible porque no tenemos ese dinero" asegura un alto cargo del Ejecutivo español. No en vano, hace poco más de tres meses, ambos gobiernos se negaron a aportar los 100 millones de euros -50 millones cada uno- que los fondos acreedores, que tienen más del 50 por ciento de la deuda, exigieron al consorcio que integran ACS y Eiffage. Estos fondos propusieron que si TP Ferro desembolsaba 100 millones se le eximía durante siete años de amortizar el principal de la deuda, aunque seguirían haciendo frente a los intereses.
Fue el ultimátum de los acreedores, que no obtuvo respuesta positiva por parte de la sociedad, que a su vez trató de involucrar a las administraciones española y francesa, sin éxito, con el pretexto de que se trata de una concesión administrativa y de que no se han cumplido las previsiones de tráfico de viajeros iniciales. Esta negativa abocó a ACS y a Eiffage a solicitar el preconcurso.
Entonces, la ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró que tanto el Ejecutivo español como el francés buscarían "una solución para que puedan continuar con la explotación". Eso sí, sin coste alguno para los contribuyentes. Al menos esa es la premisa de la dirigente gallega, que está a punto de chocar otra vez con un conflicto de características similares al que enfrenta con las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra. En tres de ellas también figura como protagonista ACS (las radiales 2, 3 y 5). Al menos, en este caso, las dimensiones dinerarias son mucho más reducidas, puesto que la problemática con las autopistas podría superar los 5.000 millones de euros, según los cálculos de la patronal de las grandes constructoras Seopan. La compañía que preside Florentino Pérez, además, ya recibió el año pasado casi 1.400 millones de dinero público por el almacén de gas Castor.
La propuesta de los fondos
La asunción de la deuda es, por tanto, el principal obstáculo para llegar a una solución para la alta velocidad entre España y Francia, que en la actualidad genera caja suficiente para cubrir los costes operativos, de acuerdo con las fuentes consultadas. "El problema son los costes financieros, que son inasumibles", añaden. No obstante, TP Ferro registró pérdidas por 19,2 millones en 2014, según recoge el informe financiero anual de ACS.
Todas las vías posibles, al menos las contempladas hasta ahora, conducen a que el Estado tendrá, de una forma u otra, que destinar dinero público para salvar la concesión. En este sentido, los fondos acreedores, entre los que figuran los americanos Avenue y BlueMountain, y los bancos, que incluyen a ING, BBVA, Bankia, Caixabank o Novo Banco, habrían planteado a Fomento la nacionalización del AVE y, a cambio, se comprometen a refinanciar la deuda sin exigir aportaciones de dinero en metálico, según El Confidencial.
El Gobierno, en todo caso, no tiene intención de resolver esta papeleta antes de los comicios generales para evitar el coste electoral de un presumible rescate. "Una vez declarado el concurso se podrá seguir negociando mucho tiempo, como ocurre con las autopistas", explican en el sector.
