El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido anular todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat en 2012 para adjudicar la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), por considerar que vulneró "los principios de publicidad, concurrencia e igualdad".
En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, la sección quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC se pronuncia por primera vez sobre el fondo de este enrevesado conflicto para anular el "conjunto del procedimiento de contratación", que acabó ganando un consorcio liderado por Acciona frente a Agbar, en lo que supuso la mayor privatización de la historia de la Generalitat.
En noviembre de 2012, días antes de las elecciones catalanas, la Generalitat adjudicó la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39 %, y en el que también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca.
Poco después de conocer la adjudicación a Acciona, Agbar decidió llevar el caso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), dependiente de la propia Generalitat, que le dio la razón y excluyó a Acciona del procedimiento, tras lo cual se desencadenó toda una batalla judicial entre Agbar, por un lado, y la Generalitat y Acciona y sus socios, por otro.
La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, argumenta que en el procedimiento ha habido "un vicio producido con anterioridad a la formulación de las ofertas de los licitadores", que a juicio del tribunal "no tuvieron cabal conocimiento del alcance exacto de las exigencias relativas al programa de obras, lo que contradice los principios básicos de la contratación administrativa".