Los resultados de las elecciones locales del domingo en España han tenido un efecto bursátil particularmente adverso para las empresas de servicios ante la posible revisión de contratos multimillonarios en algunas grandes ciudades y bajo la amenaza de volver a municipalizar algunos trabajos actualmente externalizados.
La previsible toma de los consistorios de Barcelona, Madrid y Valencia por grupos de izquierdas que han prometido revisar las concesiones de servicios públicos y algunas obras ha pasado factura a las principales constructoras.
Aunque no esconden su preocupación, fuentes del sector minimizan el impacto por la vigencia legal de los contratos, el alto coste de que los ayuntamientos vuelvan a asumir estos servicios, hipotéticas dificultades de carácter laboral y ajustes de presupuestos.
¿Público o privado?
"En realidad lo que puede ocurrir es que se apliquen criterios más transparentes, más restrictivos, más regulados, pero al final serán las mismas reglas para todos y las empresas no van a acudir a los concursos a pérdida", explicó un alto cargo de una de las constructoras. "La municipalización de estos servicios requeriría mucho dinero e implicaría dificultades de recursos humanos, la opción de las empresas es mucho más barata y eficaz", agregó.
Pero la plataforma ciudadana Ahora Madrid, que parece rozar la alcaldía de la ciudad, ha prometido que renovará anualmente las contratas de limpieza urbana y "establecer una hoja de ruta para remunicipalizar el servicio de basuras y recuperar la plantilla de los servicios de limpieza y jardinería".
OHL gestiona diversos servicios de limpieza, conservación y jardines, gestión de edificios, mantenimiento energético o servicios sociosanitarios en Madrid y Barcelona. Sus acciones han caído más de un seis por ciento desde las elecciones del domingo también presionadas por los escándalos que sacuden a la empresa en México.
Su presidente y principal accionista, Juan Miguel Villar Mir, ha admitido estar preocupado por el resultado electoral: "Me preocupa indudablemente (...) algunas declaraciones de algún grupo, en particular Podemos, de tipo marxista-leninista y con elogios del sistema bolivariano, con unos criterios de actuación que no caben en la Unión Europea y no caben en España".
Otro proyecto en entredicho podría ser el conocido como "proyecto Canalejas", una remodelación de cuatro edificios antiguamente del Santander junto a la Puerta del Sol capitaneado por OHL con una inversión prevista de 500 millones de euros. El proyecto requirió un plan de ordenación especial del ayuntamiento y está recurrido en los tribunales.
Un siglo de contratos
FCC la mayor empresa de servicios del país, contratista histórico del Ayuntamiento de Barcelona, ha recibido también un castigo de casi el 8% en su precio frente a la caída del 2% registrada por el Ibex 35 en estos dos días y medio. "FCC se ha visto particularmente castigada por los resultados en los ayuntamientos de las tres grandes ciudades españolas", indicó una analista del sector, para quien "es cierto que quizás es demasiado porque probablemente no va a haber movimientos drásticos en el corto plazo, pero la incertidumbre penaliza".
El grupo obtiene alrededor de 250 millones de euros (un 3,8% de sus ventas totales) de ingresos de servicios municipales en Barcelona, Madrid y Valencia, según cálculos de analistas que consideran improbables cancelaciones de contratos. "Si se produce la cancelación de los contratos FCC tendrá derecho a una compensación, aunque no pensamos que finalmente se produzca por el elevado coste que tendría", apuntaron analistas de Beka Finance en una nota a clientes.
La empresa, con sede en la Ciudad Condal, que controla los principales contratos de recogida de basuras de la urbe, es un socio histórico del ayuntamiento, para el que gestiona, por ejemplo, el servicio de alcantarillado desde 1911.
La presumible alcaldesa Ada Colau ha prometido auditar y revisar las contratas y también reflexionar sobre determinadas obras de gran calado. Entre sus primeras medidas previstas está la revisión de proyectos como la pista de esquí prevista en la Zona Franca, la ampliación del macrocentro comercial La Maquinista o discutir la polémica concesión del puerto deportivo de La Marina.
En Valencia, donde el grupo de izquierdas Compromís parece que arrebatará al PP la vara de mando del ayuntamiento en manos de Rita Barberá desde 1991, reconocen las dificultades de devolver a trabajadores del municipio los servicios. "Estudiaremos la posibilidad de recuperar la gestión directa de las contratos de suministro de agua, limpieza viaria y residuos, así como la de jardinería y demás contratos de servicios vinculados al medio ambiente", explica la formación.
"Si la remunicipalización de estos servicios no es posible, realizaremos un control efectivo de las condiciones de los contratos de las empresas para garantizar al máximo los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento del pliego de condiciones", añade.
Por Carlos Ruano (Reuters)
