El domingo se celebran las elecciones autonómicas y en Castilla La Mancha las encuestas dibujan un resultado incierto. De lo que dicten las urnas dependerá, entre otras cuestiones, el futuro del mayor contrato de obra pública de España de los últimos dos años, el almacén temporal centralizado (ATC), cuya ubicación está prevista en la localidad conquense de Villar de Cañas.
El PSOE de Emiliano García Page ha abanderado su oposición a que el llamado cementerio nuclear se localice en la región, frente a la posición de la presidenta María Dolores de Cospedal, promotora de la elección de Villar de Cañas.
La también secretaria general del PP quería que las obras principales del almacén, presupuestadas en 263 millones de euros, se adjudicaran antes de las elecciones. De hecho, el objetivo era que se iniciara su construcción en el primer trimestre de 2015. Para ello, su hombre en Enresa, la firma encargada de licitar los contratos, Francisco Gil Ortega, había acelerado los trámites para escoger a las empresas que construirán el almacén, antes incluso de recibir todas las aprobaciones por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Medio Ambiente. Según las fuentes consultadas, Enresa prácticamente tenía lista las puntuaciones de las propuestas técnicas de las ocho UTE (Unión Temporal de Empresas) que pasaron el último corte: Dragados-Ferrovial-Sarrión; FCC-Vías y Construcciones-Gismero; Acciona-OHL; Sacyr-Isolux-Pavasal; Azvi-Comsa-Sando; Rover Alcisa-Aldesa-Copasa; Ortiz-Copisa-Gevora; y el Grupo San José.
Dimisión
Gil Ortega dimitió el pasado febrero, alegando motivos personales. Su salida se produjo tras cuestionarse su gestión al frente de la empresa pública. Fuentes del PP aseguran que su salida fue ejecutada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, partidaria, como el ministro de Industria, José Manuel Soria, de aguardar a que el CSN diera su visto bueno al emplazamiento del almacén.
A Gil Ortega le sustituyó Juan José Zaballa, hasta entonces director general de Paradores y amigo de Soria. La nueva hoja de ruta marcaba que, ante el revuelo político y social en torno al ATC, hasta después de las elecciones no se tomarían decisiones, ya con las autorizaciones del CSN en la mano. En el sector se daba por hecho que el millonario contrato del ATC iría a parar a uno de los consorcios con presencia de ACS, liderada por Florentino Pérez. El grupo del también presidente del Real Madrid había multiplicado sus opciones al acudir al concurso desde dos frentes (Dragados y Vías), una práctica habitual del gigante de construcción que no gusta al resto de empresas. Las UTE de Dragados y Vías tenían, además, una ventaja adicional para que Gil Ortega y Cospedal se decantaran por ellas: la presencia de constructoras manchegas. "Sería un gesto con las empresas y trabajadores de la región", afirman fuentes sectoriales.
El 'efecto ascensor'
Sin embargo, con la llegada de Zaballa todo quedó paralizado (hasta que el CSN y Medio Ambiente se pronuncien). Incluso las puntuaciones técnicas de la licitación, sometidas, como es menester en la obra pública, al 'efecto ascensor'. Así se conoce en el sector al proceso por el que los técnicos de las diferentes entidades y administraciones públicas evalúan las propuestas, las entregan ('suben') al máximo responsable de turno (en el caso que ocupa, el presidente de Enresa) para que dé su visto bueno o no, en cuyo caso regresan ('bajan') a los técnicos y vuelta a empezar.
"Esto no tiene nada de extraño porque hay unos criterios de evaluación que son sometidos a juicio de valor", explican fuentes del mercado. "Puede ser que la empresa mejor puntuada tenga una obra parada desde hace tiempo o hayan subido los costes exageradamente en proyectos anteriores...; en definitiva, que esté en líos con la licitadora, en cuyo caso es lógico que no quiera trabajar con ella", abundan. También se justifica, en ocasiones, en el café para todos. "Se reparten los contratos y más empresas siguen vivas", subrayan. "Las variaciones, en todo caso, son pequeñas, porque ante todo prima la calidad de los proyectos", apostillan.
En las obras principales del ATC, la puntuación técnica, que "ya está especificada", pesa un 40 por ciento, frente a la oferta económica, que alcanza el 55 por ciento. El 5 por ciento está supeditado a garantías adicionales y cumplimiento de plazos. En el sector estiman que las bajas superarán el 30 por ciento del presupuesto base. Distintas fuentes señalan que las propuestas en las que participa ACS habrían perdido fuerza tras la salida de la presidencia de Enresa del exalcalde de Ciudad Real, en favor de otras como la de Sacyr-Corsán Corviam.La parte económica, de cualquier forma, dictará sentencia.
La intervención de Sáenz de Santamaría y Soria, cuyas relaciones con Pérez se tensaron a raíz del almacén de gas Castor, obstruyó el guión de la presidenta de Castilla La Mancha, cuyo futuro al frente de la Junta no está garantizado -si las encuestas se confirman tendría que pactar- y, por tanto, tampoco lo está la construcción del ATC en Villar de Cañas. El domingo, la solución.