La firma de servicios profesionales PwC tuvo que adelantarse a los acontecimientos y en las cuentas del pasado ejercicio -cerrado a 30 de junio de 2014- tuvo que solicitar un aval de 42 millones de euros, por orden judicial, a raíz del escándalo fiscal con sus exsocios. En particular, según consta en la memoria de las cuentas anuales depositada en el Registro Mercantil, la compañía presidida desde hace menos de un mes por Gonzalo Sánchez solicitó un aval "a una entidad bancaria de primer orden" por importe de 42.024.949 euros.
El motivo de este aval responde, según consta en dicho documento al que ha tenido acceso elEconomista, "a los efectos de prestar caución para responder de la eventual responsabilidad económica, como responsable civil subsidiaria, que pudiera derivarse del procedimiento". No obstante, PwC se defiende en dicho documento exponiendo que este aval se solicitó "sin que sea previsible un resultado desfavorable en dicho procedimiento" y es algo habitual en estos casos.
El escándalo se remonta al año 2002, cuando PwC vendió a IBM su división mundial de consultoría por 3.500 millones de dólares. En ese momento, la filial española fue valorada en 40 millones de euros. Sin embargo, según la Fiscalía, los acusados habrían realizado diversas operaciones previas a la venta con el objetivo de defraudar presuntamente a Hacienda.
Vista oral
La vista oral del procedimiento tuvo lugar el pasado lunes contra 55 socios y fue suspendida a petición de la defensa, después de que la Fiscalía retirara los cargos contra 12 de los exsocios de PwC al comprobar que la cuota presuntamente defraudada no estaba bien calculada y no superaba el límite de los 120.000 euros para ser tipificado como delito de fraude fiscal. No obstante, otro de los asuntos a tratar en este juicio será la responsabilidad civil subsidiaria de PwC y sus divisiones de Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal, así como contra IBM Global Services España.
Con todo, desde PwC se defienden y mantienen que se trató de "una operación mercantil real, transparente y ajustada a derecho" y que "la cantidad que recibieron los socios por la operación tributó de forma totalmente correcta".
