La avalancha de firmas que se ofrecen a prestar entre 50 y 600 euros a precios desorbitados a través de Internet ha puesto en guardia a la banca. La patronal de las financieras Asnef ve razonable que se exija la "reserva de actividad" a las compañías que ejercen este negocio de manera profesional y así se lo han trasladado en contactos informales a responsables del Ministerio y del Banco de España.
Si cogiesen el guante supondría imponer a las firmas de micropréstamos la obligación de obtener autorización administrativa para operar y su registro en el Banco de España, en garantía de que se someten a una normativa y vigilancia más estricta.
Estas sociedades se rigen por la ley de Consumo, la supervisión descansa en las Comunidades Autónomas, y están sujetas a la regulación específica de crédito al consumo. Un marco que les fuerza a cumplir algunos requisitos de transparencia, pero es menos garantista para el cliente que el estrecho control ejercido sobre la banca y establecimientos financieros de crédito.
Actividad profesional
Asnef acota su aspiración a firmas cuya actividad profesional son los micropréstamos y excluye tanto a las plataformas de financiación participativas, dado que el crowfunding y crowlending ya han sido regulados; como al crédito entre personas -entre familiares, amigos, etc-, precisó el secretario general de la asociación, Honorio Ruiz.
La llegada a España de este tipo de firmas se abona con la crisis, la restricción financiera de la banca y los apuros de las familias. Basta con reportar unos datos personales -DNI y una cuenta bancaria- para obtener la concesión del préstamo. Se otorgan al instante, sin estudio riguroso de solvencia, pero a cambio de soportar una TAE que puede oscilar entre el 1.000 y 9.000% anualizado. Normalmente los préstamos se devuelven, en todo caso, a la semana y a intereses de entre el 20 y 30%, que devengan una comisión fija de gestión.
La TAE se estima bajo la hipótesis de que esos préstamos a muy corto plazo se renuevan hasta cumplir el año. Al anualizar intereses y, sobre todo los gastos de gestión, que suelen ser proporcionalmente altos, la TAE crece por dicho efecto multiplicador. Pero aunque no se diese este escenario, los créditos a pocos días son ya muy gravosos, lo que se justifica en la elevada exposición de las firmas a los impagos al no realizar exámenes de solvencia al solicitante (muchas ni siquiera exigen disponer de ingresos fijos).
En otros mercados estas sociedades están arraigadas. El temor que se traslada ante su llegada es que el ciudadano eche mano de sus servicios en situaciones apuradas y sin saber bien a qué se expone, pese a que algunas sociedades desaconsejan en sus webs pedir dinero que no puedan devolver. El riesgo de dejar de pagar un crédito, por pequeño que sea, es la multiplicación de la deuda con los intereses moratorios y que acabe en un registro de morosos que le impida en el futuro acceder a otros préstamos como podría ser una hipoteca.
En el sector financiero sienten que representa además una competencia desequilibrada, en la medida que no tienen que asumir costes regulatorios, de solvencia y ni si quiera se encuentran obligadas por normas de prevención de blanqueo.
