Globalia logró el pasado 5 de febrero la licencia de empresa ferroviaria, un documento que le acredita para poder operar en el tren de pasajeros.
La compañía propiedad de Juan José Hidalgo irrumpe así en el negocio en vísperas de la liberalización del Corredor Madrid-Levante, que incluirá un operador privado antes de que finalice la legislatura para poder explotar el negocio en lucha con el actual: la compañía pública Renfe Operadora.
A través de la empresa Iberrail Spanish Railroads, Globalia ha recibido la luz verde para ejercer la actividad "de transporte ferroviario de viajeros para el nivel 1 de actividad". Ello supone que puede gestionar menos de un millón de kilómetros en tren en un año.
Desde el grupo turístico se asegura que si se necesitara más capacidad se podría ampliar el nivel de la licencia para poder cubrir la nueva demanda de pasajeros.
Una decena de empresas
Además de Globalia, una decena de empresas ya han logrado esta licencia durante los últimos meses. Entre ellas destacan las empresas de autobuses Alsa e Interbús; el grupo Planeta, a través de su sociedad creada al efecto Veloi Rail, y las grandes constructoras españolas más ligadas al negocio del ferrocarril: ACS, Ferrovial, Acciona y Comsa.
Existe también otro grupo de empresas que tienen la licencia, pero carecen del correspondiente certificado de seguridad, como es el caso de Avanza Tren, Aisa Tren y La Sepulvedana, entre otras.
Todas ellas están a la espera de que el Ministerio de Fomento conceda un título habilitante. Para ello pondrá en marcha un concurso, que está previsto para el primer semestre de este año, aunque no se han dado fechas más concretas.
Desde el primer momento, se han barajado varias posibilidades para que las empresas vayan en consorcio, aunque, a fecha de hoy, todavía no hay ninguna alianza confirmada definitivamente.
A Acciona se ha visto ligada con el propio grupo Globalia desde hace más de un año, pero en los últimos meses se ha barajado la posibilidad de que pujara por el concurso junto a Veloi Rail. En lo que sí que están de acuerdo la mayoría de ellas es en que para que se pueda rentabilizar su explotación del negocio en el caso de ganar el concurso, Adif les tendría que rebajar el coste del canon por el uso de la infraestructura.
Algunos candidatos calculan que este gasto podría suponer hasta el 60% de sus costes fijos en una hipotética cuenta de resultados.
Los posibles operadores privados también se han quejado en varias ocasiones de que el Gobierno debería presentar un calendario global en el que especificara un plan de liberalización de los diferentes corredores, no sólo el del Levante.
Sin embargo, el Ejecutivo es más partidario de liberalizar primero esta ruta y comprobar cuál es la evolución del operador privado y de Renfe Operadora en la misma antes de dar el salto hacia otras zonas geográficas en las que se de entrada al negocio privado.
Hasta 410 millones
Según informes internos realizados por Fomento a mediados de la pasada década y recogidos por Ferropedia, el Gobierno preveía en esos momentos que cuando la línea de alta velocidad estuviera terminada hasta Valencia y Alicante se obtendría una facturación de 198 millones, un negocio que se incrementaría hasta 410 millones en el horizonte de 2024. Un buen pellizco para el operador privado que entre.
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