Soliz destacó el primer desembolso de 120 millones de dólares por concepto de liquidaciones de mayo a agosto, de parte de las compañías Petrobras (Brasil), Total (Francia) y Repsol (España).
LA PAZ (AFX-España) - El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, reveló el lunes que las petroleras que operan en Bolivia se avinieron al decreto de nacionalización del gas y el petróleo de mayo pasado, por medio del pago al Estado boliviano de participaciones y la intensificación de negociaciones para la firma de nuevos contratos de operación.
'No es un pago sólo de Petrobras sino de tres empresas, son tres empresas que reconocen el decreto de nacionalización. Las demás empresas yo creo que comparten ese criterio', destacó Soliz, hombre fuerte del gobierno de Evo Morales y artífice de la nacionalización boliviana.
El pago de liquidaciones de cuatro meses computables desde el día que entró en vigencia el decreto de nacionalización, el 1 de mayo, se registró mientras Petrobras y la estatal boliviana YPFB sostienen una dura negociación sobre el precio del gas que importa Brasil.
Otro de los indicadores que permiten afirmar la tesis de que la resistencia de las petroleras a la política de nacionalización de Morales cesó o, cuando menos comenzó a cesar, es que 'las negociaciones de los contratos van a cobrar enorme intensidad a partir de la próxima semana', de acuerdo con Soliz.
'Han habido contactos técnicos y en los próximos días ahora ya van a ser con personeros aún más autorizados de parte de empresas. Hay un cronograma para reunirse y se está avanzando en este tema', apuntó.
La aceptación de la política estrella del gobierno boliviano por parte de las petroleras que amenazaron reiteradas veces con elevar sus reclamos a un árbitro internacional o radicar juicios en estrados supraestatales responde a la dificultad que presenta la aplicación de los fallos, así favorezcan a las empresas y, por otra parte, a las urgencias energéticas en la región.
'Eso han entendido las empresas y por eso han entrado a esta fase de negociación, pero permitiendo que se cumpla la filosofía de la nacionalización, que el Estado nacional es el que conduce la política hidrocarburífera del país y que participa en toda la cadena productiva' del gas y petróleo, expresó el ministro boliviano.
Soliz insistió en que las 20 transnacionales petroleras operaron en Bolivia desde 1996 hasta abril pasado de manera irregular, sin contratos de concesión validados por el Estado.
Los contratos de riesgo compartido que el gobierno del ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada firmó en 1996 carecieron de la aprobación del Congreso y, por tanto, 'no existen por falta de consentimiento', sentenció.
Ahora, 'están (las empresas) trabajando bajo el marco jurídico del decreto de nacionalización hasta que se firmen los verdaderos contratos que sí van a tener seguridad jurídica porque van a ser aprobados por el parlamento', explicó el funcionario.
Los contratos deben estar indefectiblemente firmados el 1 de noviembre, cuando también 'deberían estar cerradas las negociaciones para que YPFB tenga el 50%+1 de acciones en la refinerías (que gestiona Petrobras), en la empresa de poliductos y almacenamiento y Transredes (Shell-Enron) de manera que se cumpla a plenitud el decreto de nacionalización', enfatizó.
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