La Comunidad de Madrid paró en seco el proceso de privatización de la gestión de hospitales el pasado mes de enero, tras los continuos reveses judiciales que sufrió su último concurso y que acabaron con la dimisión del consejero de Sanidad Fernández Lasquetty.
Sin embargo, aún coleaba en la justicia una querella anterior admitida a trámite contra los políticos y las empresas que participaron en el primer proceso de adjudicación de la gestión de hospitales en la región, puesto en marcha en 2003 por Esperanza Aguirre, ya que afectó a los centros hospitalarios de Valdemoro, Torrejón y Móstoles, así como al convenio con la Fundación Jiménez Díaz.
Las cuatro empresas que fueron adjudicatarias en ese concurso, Asisa, Capio (hoy IDC Salud), Ribera Salud y Unilabs, estaban imputadas, acusadas de haber colaborado en un posible delito contra la hacienda pública, fraude y malversación de caudales público. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta querella planteada el año pasado por la asociación de médicos AFEM y que fue admitida a trámite por un polémico juez -el magistrado Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid-.
En la querella también ejercían como acusación particular varios diputados del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid.
La querella criminal se dirigía contra la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud, Patricia Flores; el entonces director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial han estimado ahora parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Juan José Güemes, Asisa, Unilabs, Patricia Flores y Antonio Burgueño, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, Capio Sanidad, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Manuel Lamela.
Anteriormente, el citado juez Sexmero había decidido desestimar todos los recursos presentados por los querellados y seguir adelante con la investigación. En sus recursos, los querellados alegaban el carácter político de la querella, así como la falta de legitimación de la asociación Afem y de los diputados socialistas.
Discrepancias no penales
Ahora, la Audiencia estima en su sentencia, con fecha 31 de octubre, que la querella "contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico penal, porque en todo caso y hasta el momento, se circunscriben al ámbito político-administrativo". La Audiencia da también la razón a los recurrentes cuando alegan que la querella hace una "referencia muy genérica a un sinfín de hechos" y se incluye luego "una letanía de tipos penales que presentan escasa relación entre sí".
Contra el auto no cabe recurso si no se presentan más pruebas.
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