
Ayer, el Estado recibió un revés de la justicia al conocer que tendrá que indemnizar con 1,2 millones de euros o readmitir a los dos exdirectivos de la rescatada Catalunya Banc. Pero la cantidad a desembolsar por las arcas públicas podría no quedarse ahí. ¿Por qué? La entidad ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona y, si los jueces ratifican el despido improcedente de los exejecutivos, podrían cobrar también sus planes de pensiones, que en conjunto ascienden a más de 5 millones de euros.
Según informa hoy el diario El País citando a fuentes jurídicas, si el tribunal secunda la sentencia emitida ayer, con toda probabilidad tendrían vía libre a percibir el dinero de sus fondos de pensiones. El del antiguo presidente de la entidad, Adolf Todó, se situaría alrededor de los 4 millones de euros, mientras que el del ex consejero delegado, Jaume Masana, ascendería a unos 1,5 millones.
En caso de que diera la razón al FROB y decidiera que los despidos sí están justificados, por lo que no cobrarían la citada indemnización de 1,2 millones de euros, el rotativo indica que "los servicios jurídicos deberán estudiar el contrato del fondo de pensiones". Incluso en este caso, algunas de las fuentes consultadas insisten en que "será difícil que se les pueda negar el derecho" a cobrar el plan de jubilación.
Ayer, el juez Francisco Leal del Juzgado de lo Social 8 de Barcelona emitió una sentencia en la que declaraba improcedente el despido de los dos directivos, y obligaba a la entidad a readmitirles o, de lo contrario, a indemnizarles con 600.000 euros a cada uno.
Según la resolución, fechada el 4 de marzo y contra la que cabe recurso, las partes podrán elegir una de las dos opciones de mutuo acuerdo, y si no se alcanza, se deberá abonar la indemnización. CatalunyaCaixa ya ha anunciado que recurrirá.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo que controla actualmente la entidad financiera, notificó el 10 de mayo de 2013 su despido a Todó y Masana.