Empresas y finanzas

Las empresas, en contra de subir las cotizaciones

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Un total de 22 patronales considera que si el Gobierno adopta esta medida pondrá en grave riesgo la creación de empleo y los síntomas de recuperación económica.

El Gobierno va a incrementar las cotizaciones sociales para lograr una "mayor equidad y transparencia en las retribuciones de los trabajadores", sin embargo, lo único que tiene claro el tejido industrial español es que esta medida paralizará la creación de empleo y por ende la recuperación económica del país.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentra totalmente solo en la defensa de esta nueva norma, que obliga a las empresas a cotizar a la Seguridad Social por conceptos que hasta ahora estaban exentos, como los vales de comida, las dietas de transporte, las ayudas para guardería, los planes de pensiones, las stock options, las donaciones promocionales o los seguros médicos privados.

El Gobierno está solo

Ningún partido de la oposición ni sector empresarial apoya al Gobierno, que de nuevo ha hecho valer su mayoría absoluta para convalidar en el Congreso el Real Decreto que contiene estos cambios. Además, el presidente ha sido claro, por muchas negociaciones que se inicien con los agentes sociales, la obligación de cotizar por estos pagos en especie, que "no se va a tocar".

Para contrarrestar esta muestra de inflexibilidad y calmar los ánimos en la industria, Rajoy anunció el pasado jueves que se va a ampliar hasta el 31 de mayo el plazo para que las empresas se pongan al día con la Seguridad Social por este cambio de cotizaciones, que inicialmente estaba fijado para el próximo 31 de marzo.

Pero esta cesión no significa prácticamente nada para las empresas, que se reafirman en su posición de rechazo al Decreto 16/2013, y reclaman su retirada, por suponer un incremento desorbitado de las cotizaciones sociales y la presión fiscal sobre el empleo, además de desvirtuar la actividad de numerosos sectores. En este sentido, el secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, denuncia en una encuesta realizada por este periódico a 22 patronales, que "la medida reducirá la competitividad internacional de nuestro sector turístico, incrementando los costes de la restauración y de los hoteles". Asimismo, considera que "impone un cambio en la estructura del sector, poniendo al borde de la desaparición a restaurantes de grandes ciudades y polígonos industriales, donde se concentra un uso más importante del vale de comida".

El secretario general de la Confederación Española de Comercio, José Guerrero, comparte esta opinión, pues considera que esta medida "supone un varapalo para el poder adquisitivo del consumidor, que va a tener menos renta para destinar al consumo".

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, destaca que además de la hostelería la industria turística también se verá afectada. "Este sector fue el único que creó empleo neto (22.000 puestos de trabajo) en 2013 y con esta medida no se van a repetir estos datos", sentencia.

"La creación de empleo debería ser hoy el primer objetivo. Así nos lo ha advertido Obama, Barroso, el FMI, la OCDE... todo el mundo", destaca Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

Por su parte, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) entiende que la adopción de una medida de estas características debería contar con la consulta y el consenso previo de los agentes sociales. Coinciden en esto con la Asociación de Cadenas de Supermercados (ACES), que recuerda que este sector lleva mucho tiempo reclamando una revisión de las cotizaciones.

Tasas elevadas

España es el cuarto país con las tasas más elevadas de la OCDE y según las cuentas del Gobierno este incremento reducirá los salarios en 75 euros al año. Para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), estos impactos no son aceptables "en un país con la tasa de desempleo que tiene España, ya que se crea una barrera para generar nuevos empleos".

Por su parte, la presidenta de Unespa, Pilar Gonzalez, asegura que se desincentiva al ahorrador, ya que por un afán recaudatorio, el Gobierno "castiga el ahorro real, el finalista, el ahorro para la jubilación, incorporándolo al salario a efectos de cotizaciones a la vez que sube un 5% las bases, es decir, un doble castigo".

Asimismo, la industria alerta de que estos cambios pueden generar problemas en las empresas por las modificaciones de los convenios colectivos. "Muchas compañías tendrán que eliminarlos o proceder a descuelgues de convenios o reducciones de plantilla", indica Pedro Fernández Alén, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Este es uno de los impactos que más afecta a la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebus), que solicita la retirada del Real Decreto, "porque su aplicación no está justificada ni en su contenido ni en su urgente aplicación y supone un ataque directo a la autonomía de la negociación colectiva".

En la misma línea, Manuel Pimentel, presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, denuncia que estos cambios, "causan inseguridad y comprometen la capacidad de generar empleo cualificado y estable, uno de los principales de objetivos del sector".

Sector energético

El sector energético, que continúa inmerso en un proceso de reforma, valora muy negativamente esta medida. Así, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Eduardo Montes, recalca que "los aumentos en este tipo de costes también afectan a los resultados de las compañías, cuando lo importante es contribuir a la recuperación económica".

Por su parte, la patronal fotovoltaica (Unef) y la de productores renovables (Appa) destacan que cada vez son mayores sus cargas fiscal. "Hemos soportando ajustes brutales y casi nunca equitativos".

Así, Javier Rodríguez, director general de Acogen, denuncia que "la situación de la industria cogeneradora es crítica, por lo que cualquier medida de este tipo supone un nuevo daño colateral sobre el sector". Por su parte, la asociación siderúrgica (Unesid) asegura que "mientras el coste para empresarios y trabajadores es inmediato, los beneficios aducidos son opinables".

"La industria está haciendo enormes esfuerzos para mantener el empleo y una de las palancas más potentes de las que dispone el Gobierno para ayudarnos son precisamente las cotizaciones sociales", critica Aspapel. Asimismo, Asagua denuncia que el sector del agua ya se ha visto afectado por la fuerte disminución de las inversiones públicas, por lo que esto no ayuda a la recuperación del sector. "Va justamente en sentido contrario de la reducción de cuotas que prometió el Gobierno", aseguran las empresas gestoras de los servicios de agua (AGA).

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