El primer accionista de la inmobiliaria recurre ante la Audiencia Nacional la oferta de Joaquín Rivero y Bautista Soler. Es la primera cita del día, porque también hoy, 7 de agosto, ambos contendientes pueden presentar una mejora a sobre cerrado de sus respectivas opas sobre Metrovacesa ante la CNMV.
MADRID. El calor del verano parece haber encendido, todavía más, los caldeados ánimos que se respiran en la segunda planta de Torre Picasso, sede de operaciones de la familia Sanahuja en Madrid. El primer accionista de Metrovacesa ha decidido trasladar la guerra por controlar la compañía ante los tribunales. Hoy presentará un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión de la CNMV de aprobar la opa de Joaquín Rivero y Bautista Soler sobre la inmobiliaria.
Además, la semana pasada denunció en un juzgado madrileño la emisión de bonos, por importe de mil millones de euros, que aprobó la junta general de Metrovacesa el pasado 26 de mayo. Los Sanahuja condenan que no haya derecho de suscripción preferente para los accionistas porque, alegan, es perjudicial para los intereses de algunos inversores (como ellos).
Jaque mate... y al juzgado
Rivero, presidente de Metrovacesa, y su socio en el consejo, Soler, lanzaron una oferta sobre Metrovacesa el 5 de mayo. Con este movimiento, hicieron un jaque a los Sanahuja, que dos meses antes habían opado el 20% del grupo a 78,10 euros por título. Pero Rivero se guardaba un as en la manga.
Como la familia catalana ostenta ya el 24,29% del grupo, hizo una contraoferta sobre el 26% a un precio de 80 euros. Dos cifras perfectamente estudiadas. La primera obliga a los Sanahuja a tener que opar el 100% si quieren mejorar su oferta. El motivo es que ya controlan el 24,29% y la legislación les fuerza a tener que igualar, al menos, el alcance de la propuesta de Rivero. Si lanzan una oferta sobre el 26%, superarían el 50%, límite a partir del cual es obligatorio lanzar una opa por todo el grupo.
Conscientes de su desventaja, los Sanahuja intentaron que la CNMV les permitiera vender una pequeña participación. Así, podrían ofertar sobre el 26% y mejorar el precio. Pero el organismo presidido por Manuel Conthe rechazó esta posibilidad, que buscaba regatear la ley de opas.
La única vía que les quedaba para vencer a Rivero era presentar una oferta sobre el 100%. Pero todo parece indicar que no han conseguido la financiación necesaria para tan faraónica obra, valorada en más de 8.000 millones de euros. De hecho, hoy deben presentar los sobre cerrados con sus ofertas definitivas. Rivero y Soler sí tienen margen para mejorar su propuesta. Pero los Sanahuja sólo tienen tres opciones: retirarse, opar a toda la compañía o mantener la oferta actual, opción que no les daría el control del grupo ni del consejo.
Como fórmula de escape, han optado por judicializar la operación, como ya ha ocurrido en otra polémica opa: Endesa. Si los jueces admiten a trámite las reclamaciones de los Sanahuja y toman las medidas cautelares, la familia catalana deberá presentar unos avales de varios cientos de millones de euros. En cualquier caso, con este cambio de tornas, parece que el proceso se alargará más allá del 31 de agosto, fecha inicialmente prevista para terminar esta guerra de opas.