
El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha entrado en números rojos. El empresario gallego, bajo investigación judicial, imputado por varios delitos societarios en la Audiencia Nacional y apartado de la gestión de la compañía, declaró el año pasado unas pérdidas brutas de algo más de un millón de euros en Inverpesca, una de sus dos sociedades patrimoniales.
Con ello ha conseguido que Hacienda le devuelva 275.000 euros y que el resultado negativo se reduzca así a 824.950 euros. Eso frente a un beneficio el año anterior de 116.579 euros. Lo llamativo es que la firma ha amortizado la totalidad de su deuda, que se elevaba a 31,3 millones.
De hecho, fueron precisamente los problemas para atender esos compromisos financieros con la banca lo que que provocó que Fernández de Sousa se desprendiera entre diciembre de 2012 y enero de este año de un 6,9% de Pescanova, ocultándoselo tanto al consejo de administración como a la CNMV para seguir manteniendo el control de la compañía pese a tener ya sólo un 7% del grupo.
La otra sociedad patrimonial del empresario gallego es Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), cuyos resultados todavía no son públicos en el Registro Mercantil de La Coruña. Fernández de Sosua ha propuesto, a través de esta segunda firma, de la que es administrador y principal accionista, que el nuevo consejo de administración de Pescanova cuente con representación de los fondos de inversión significativos, aunque sin fijar un número de miembros predeterminado, según la propuesta de cara a la junta extraordinaria de accionistas del próximo 12 de septiembre.
Nuevo consejo
La propuesta de Fernández de Sousa se conoció el pasdo jueves, un día después de la realizada por Damm, en la que establecía reducir a siete el número de consejeros de Pescanova, cuatro menos que en la actualidad, con la intención de desvincular el máximo órgano de dirección de la gestión anterior, en el que la cervecera plantea mantener a los críticos con el expresidente.
De esta forma, la compañía catalana, que ostenta el 6,1 por ciento de Pescanova, apuesta por la continuidad de Luxempart, con el 5,83 por ciento del capital, e Iberfomento (3,39 por ciento), además de José Carceller, en calidad de dominicales, a los que se sumarían cuatro independientes, tres nuevos y Yago Méndez, integrante del anterior consejo de administración. Los otros tres independientes propuestos por Damm son: Juan Manuel Urgoiti, actualmente consejero independiente de Inditex y consejero delegado de BBV en 1988; Luis Ángel Sánchez presidente de SES Astra Ibérica y consejero independiente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), y Ángel Legarda, consejero y director general de CAF desde 1993 y presidente del comité de auditoría de Viscofan desde 2012.
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración a Fernández de Sousa, en calidad de imputado, el próximo 15 de octubre por falsear sus cuentas anuales y abuso información relevante. El ex presidente será el primero en comparecer ante el magistrado, estando también convocados para la misma joranada su hijo, Pablo Javier Fernández Andrade, y uno de sus hombres de máxima confianza Jesús García García. Ruz le preguntará por una deuda oculta en la compañía de 3.000 millones de euros a través de un complejo entramado de filiales y de las razones de haber escondido pérdidas.