El Parlamento europeo dio ayer luz verde a la intervención del mercado de emisiones para retirar 900 millones de derechos de CO2, con el fin de reflotar este mecanismo y provocar un alza del precio de estos permisos, que actualmente fluctúan en torno a 4 euros por tonelada. La medida supone un fuerte varapalo para la industria intensiva en energía (siderurgias, químicas, papeleras, etc.), que verá lastrada aún más su competitividad al tener que hacer frente a un mayor desembolso al Estado para poder desarrollar su actividad.
La votación, que ha sido bastante polémica y ha estado dividida (344 votos a favor y 311 votos en contra), finalmente ha conseguido sacar adelante esta medida denominada back-loading. El Gobierno español aún no se ha pronunciado, pero ya se desmarcó de una petición de 12 países de primer orden de la Unión Europea para apoyar esta intervención.
No obstante, tras la decisión del Parlamento serán los propios países de la Unión Europea quienes concreten la propuesta de backloading (la cantidad exacta, así como el calendario de actuación), a través de una votación que previsiblemente tendrá lugar el próximo mes de septiembre.
En declaraciones a elEconomista, el director general de Aspapel, Carlos Reinoso, consideró necesario que "el Gobierno de Mariano Rajoy vote en contra de esta propuesta ya que es una malísima noticia para la industria española".
Además, lamentó que el Parlamento europeo dé ahora luz verde "a lo que rechazó hace un mes". "Es una malísima noticia que quiebra la confianza ya que cualquier intervención en un mercado es la mejor forma de destrozarlo", espetó.
El director general de Acogen, Javier Rodríguez, explicó que para la cogeneración -sistema de generación eficiente que utiliza la industria- esta medida es una "mala noticia en un mal momento de la economía europea y especialmente de la cogeneración en España". El sector esperaba esta propuesta ante el endurecimiento de las políticas medioambientales, por lo que Acogen ha propuesto al Gobierno medidas concretas para incluir en la próxima reforma energética, que sirvan para paliar este impacto negativo añadido sobre su actividad.
Las eléctricas, a favor
Tras este visto bueno se modifica la Directiva 2003/87, que regula el mercado de derechos de emisión para reducir la oferta del mercado. Se trata de una medida que fue acogida favorablemente por las eléctricas ya que en los últimos años han afrontado importantes inversiones para reducir sus emisiones de CO2 ante las exigencias que marcaba Bruselas.
Así, el secretario general de la patronal Eurelectric, Hans ten Berge, consideró que la luz verde por parte del Parlamento "es una señal tranquilizadora para las grandes multinacionales, ya que supone que la Unión Europea "mantiene su compromiso con la economía de descarbonización de Europa de la manera más rentable".
El sector energético había confiado en el efecto del nuevo mercado de emisiones a través de las subastas de CO2, que entraron en vigor este año. Las compañías eléctricas creen en el refuerzo del objetivo de reducción de emisiones de un 40% para el 2030 pero exigen señales efectivas de precio de cara a conseguir una economía sin emisiones para el 2050.
España se resiste a encarecer el CO2
