España se ha decantado por la industria en lugar de por las eléctricas. El Gobierno se ha desmarcado de la petición de los grandes países de la Unión Europea para que se intervenga el mercado de C02 y provoque un alza de precios de estos derechos que elevan los costes de sectores como la siderurgia, el acero, el ladrillo y el papel, entre otros.
Los países que secundan esta propuesta son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Portugal, Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia y Estonia y han recibido además el respaldo de 41 multinacionales.
La declaración, a la que tuvo acceso elEconomista, está firmada por representantes de la patronal eléctrica europea Eurelectric y aparece secundada por empresas como Acciona, Iberdrola o E.ON.
Esta petición sale a la luz ante la inminente decisión del Parlamento Europeo sobre este asunto, ya que mañana mismo deberá debatir si aprueba retirar del mercado 900 millones de derechos de CO2.
Comercio de emisiones
Las compañías y estos ministros hacen casi una decena de consideraciones para que los países de la Unión Europea trabajen juntos en un acuerdo sobre el Cambio Climático a 2030 y que establezcan un Marco de Energía. Además, dejan claro su compromiso con el sistema de comercio de emisiones, así como las políticas para incentivar la inversión en activos poco contaminantes más allá del 2020.
No obstante, muestran su preocupación por la situación del comercio de emisiones. La excesiva asignación de permisos a la industria durante la segunda fase del régimen europeo de comercio de derechos de emisiones (2008-2012), sumada a la recesión económica y el desplome de la producción industrial, han dado lugar a un excedente de derechos y a la caída de los precios del carbono. Así, el precio actual fluctúa sobre los 4 euros por tonelada.
La declaración se hace eco de que "actualmente la oferta de derechos de emisión supera sustancialmente la demanda y amenaza la credibilidad de los mercados de carbono".
Por ello, los doce países antes mencionados, junto a las grandes multinacionales, piden una pronta "solución más flexible y rentable para alcanzar una reducción de emisiones".
Además, consideran "positiva una intervención dirigida en este mercado", sobretodo en un contexto de recesión económica como el actual.
En paralelo, la carta insta a la Comisión Europea a que presente, antes de final de año a más tardar, las propuestas para llevar a cabo una reforma estructural, con el objetivo de estimular políticas e inversiones contra el cambio climático y para reducir las emisiones en todos los Estados miembros. En su opinión, "sólo a través de una reforma estructural adecuada se podrá recobrar el propósito inicial" de este mercado: señales claras en el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
Además, muestran su decepción por las votaciones del Parlamento Europeo donde se han decidido a retrasar la intervención del mercado con la retirada de toneladas del mercado. En su opinión, este mecanismo serviría para proporcionar algunas señales en tanto se impulsa una reforma.
La presión de la industria
Entre tanto, el Gobierno español se encuentra entre la espada y la pared ante la presión que ejerce el tejido industrial por la pérdida de competitividad en los últimos años (principalmente por el alza de los costes energéticos), algo que se agravaría con un endurecimiento de las políticas medioambientales.
Por ello, el Ejecutivo, a través del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se muestra tibio en este sentido, ya que anuncia una reducción de emisiones sin acudir al mercado internacional de compra de derechos, a pesar de que a finales de 2012 adquirió derechos a Polonia.
Los programas que tiene en marcha el Gobierno para combatir el cambio climático son Proyectos Clima, con un presupuesto en 2012 de 4 millones para la mitigación del cambio climático en los sectores difusos, así como el Plan de Impulso al Medio Ambiente, un plan de ayuda a autónomos y a empresas para sustituir vehículos comerciales usados por otros nuevos más eficientes. El Gobierno también desarrolla el proyecto Huella de Carbono, dirigido a las empresas españolas, que vincula el cálculo y reducción, con el fomento de los sumideros nacionales, bosques principalmente.
10 millones para reducir emisiones