La compañía trabaja en la definición de los servicios de media distancia convencional que quedarán garantizados como Obligación de Servicio Público (OSP), según lo acordado en el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre de 2012. Las autonomías tienen en su mano salvar las rutas regionales no rentables de Renfe.
A través de ese plan, añade Renfe, se garantizan los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
La operadora defiende también que dicho plan compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios, y en otros trayectos podrán sustituirse con otros modos de transporte. Además, se mejorarán horarios y se usarán trenes más pequeños.
A este respecto, apunta que en caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, dicha comunidad autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora, asumiendo el coste del servicio.
Importantes déficits
El diario El País publica en su edición de este jueves que el Ministerio de Fomento se propone suprimir 48 líneas ferroviarias de media distancia que transportan a 1,65 millones de viajeros al año y reducir la oferta del conjunto de 127 líneas en una media del 32% para conseguir un ahorro total de 86,5 millones de euros anualmente.
Por último, recuerda que en la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes déficits. El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%. En estos servicios de menor aprovechamiento, se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.
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