Empresas y finanzas

Las autonomías tienen en su mano salvar las rutas regionales no rentables de Renfe

  • Fomento sustituirá una de cada cinco por autobuses si las regiones no las explotan

El plan de eficiencia de Fomento para rentabilizar los servicios de media distancia de Renfe Operadora supondrá, en líneas generales, la eliminación de una de cada cinco rutas en toda España. Así, de las 118 conexiones que en la actualidad cubren el territorio nacional serán eliminadas más de 20 relaciones en los próximos seis meses, según explican fuentes conocedoras del proceso a elEconomista Transporte. Descárguese aquí el suplemento elEconomista Transporte.

Aunque tanto desde el Ministerio de Fomento como desde Renfe Operadora no se ofrece la lista definitiva de las relaciones que quedan fueran de la cobertura del servicio público, algunas se han hecho públicas desde los propios organismos autonómicos al verlas fuera de la lista publicada a finales de diciembre. Lo cierto es que las líneas afectadas por el recorte tendrán dos posibilidades. La primera es ofrecer a la comunidad autónoma o a la Administración local correspondiente la posibilidad de gestionarlas, responsabilizándose íntegramente de su cuenta de resultados (asumiendo la financiación del déficit de explotación de la línea) y de la planificación de las rutas, aunque Renfe Operadora seguiría dando servicio a precio de mercado.

La alternativa del autobús

Si no se llega a un acuerdo, la segunda opción es eliminarlas definitivamente y comprobar que existe un transporte alternativo adecuado, que en la mayoría de los casos serán rutas de autobús. En algunas líneas que van a ser suprimidas ya existen concesiones de transporte por carretera. En ese caso, sería ajustada su frecuencia a la demanda de pasajeros para ampliarla.

La primera opción es la que ya eligió en su día Cataluña. Varias líneas de media distancia son gestionadas por Rodalies, sociedad dependiente de la Generalitat, pero siguen operándose por Renfe Operadora. Fuentes del Govern aseguran que no hay intención de eliminar ninguna de estas rutas por falta de rentabilidad.

Se trata del mayor cierre de servicios de tren que ha afrontado España desde el famoso recorte de 1984, aunque al final Fomento ha optado por el plan menos agresivo. En un primer momento, el equipo dirigido por Ana Pastor se planteó eliminar todas las relaciones ferroviarias que no tenían un aprovechamiento superior al 15 por ciento de su capacidad, pero al final se han incluido muchas líneas cuyo aprovechamiento oscila entre el 10 y el 15 por ciento en el listado de Obligación de Servicio Público (OSP) por razones de cohesión y vertebración nacional. Quizá por ello -o por presiones de las comunidades autónomas-, se da la paradoja de que se encuentra en la lista alguna explotación que ha sido incluso puesta como ejemplo de la falta de rentabilidad de la red de media distancia.

Reducción de frecuencias

De todas formas, fuentes de Fomento quieren dejar claro que las líneas eliminadas son la anécdota de este plan de saneamiento, ya que el gran recorte se va a realizar en las 96 relaciones que se quedan. Se reducirán las frecuencias en función de la demanda, se acortarán trenes y se eliminarán muchas paradas en estaciones intermedias con poca afluencia de viajeros. La intención de Fomento es ahorrar más de 50 millones de euros al año y se intentará adaptar toda la red a las nuevas necesidades, cuando Renfe Operadora cambie sus servicios al horario de verano. Los datos que maneja el equipo de Pastor -que encargó un minucioso estudio a la consultora pública Ineco- son alarmantes, ya que existen 176 estaciones de tren y apeaderos que apenas tienen un viajero diario. Muchas de ellas están en las líneas calificadas de OSP, de ahí esta reestructuración integral de todos los recorridos.

Fomento quiere que este plan de eficiencia sea dinámico y para mantener la eficacia de la red revisará las frecuencias cada dos años, para que ningún tren que opere en territorio nacional suponga un déficit para el Estado. Tras este lavado de cara de Renfe, servicios en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete en un trayecto cuyo coste es de 11 euros por viajero pasarán a la historia.

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