El magistrado Pablo Ruz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación para esclarecer si hay indicios de delito en la gestión de Pescanova. Ruz, que está investigando ya, entre otros casos, el de los papeles de Bárcenas y la presunta estafa de Nueva Rumasa, ha ordenado la apertura de diligencias bajo el expediente 31/13 después de que se presentaran dos querellas contra el consejo de administración de la compañía gallega.
La primera la formuló un grupo de pequeños accionistas representados por Joaquín Yvancos, abogado durante más de 30 años de la familia Ruiz-Mateos, y la segunda la sociedad Gesrenta BCN. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que en los próximos días varios fondos de inversión internacionales podrían sumarse además a estos procesos ante la magnitud del presunto fraude contable orquestado por Manuel Fernández de Sousa, presidente todavía de la multinacional pesquera, aunque ya sin funciones ejecutivas.
Posibles delitos societarios
Ruz ha pedido al fiscal que emita un informe no sólo para aclarar si existen indicios de los delitos societarios denunciados -presunta maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en cuentas anuales y balances y uso de información privilegiada- sino también para saber si la Audiencia es competente y puede seguir adelante con la causa o, por el contrario, debe dar traslado de la misma a un juzgado de Pontevedra.
La primera querella presentada se dirigía no sólo contra el consejo de administración de la empresa, sino también contra uno de los acreedores, el Banco Sabadell, por supuesta información privilegiada -su bróker vendió acciones justo antes de que se iniciara la crisis- y contra la CNMV por "no haber ejercido como debiera su labor de supervisión al no controlar lo que pasaba", con lo que sí que tendría trascendencia a nivel nacional, algo exigible para que el proceso siga en la Audiencia . El supervisor de los mercados, que ha asumido ahora la gestión del grupo, designando como administrador concursal a Deloitte, puso también el caso en manos de la Fiscalía General del Estado, que dio traslado a su vez al fiscal jefe contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Antonio Salinas.
Las fuentes consultadas aseguran que, en el caso de que Ruz decida seguir adelante una vez que el fiscal presente su informe, lo más probable es que el expediente acabe centralizándose. Sería entonces cuando habría que decidir si la investigación corre a cargo así de la fiscalía de la Audiencia o de Anticorrupción.
El Ministerio Público no es, sin embargo, el único que ha iniciado una investigación. Tal y como adelantó elEconomista el pasado 10 de abril, Hacienda ha abierto también una inspección para clarificar cuál es la situación real de la empresa y poder detallar así la deuda pendiente con el fisco, tanto de la matriz como de distintas filiales en España.
La investigación se abrió tras la solicitud el pasado 1 de marzo del preconcurso de acreedores, sin que por ahora se haya llegado a ninguna conclusión definitiva. Fuentes próximas a la Administración Tributaria advierten que "Hacienda tiene la obligación de abrir siempre una inspección a cualquier empresa que entre en situación concursal para conocer cuál es su situación real y detallar así sus compromisos con la Administración". El problema de Pescanova es que había declarado una deuda de 1.500 millones cuando, en realidad, debía más de 3.000 millones de euros.
Esa es una de las razones, precisamente, por las que Luxempart, que ostenta una participación del 5,83% en Pescanova, anunció ya que está preparando una acción judicial contra Fernández de Sousa, con el fin de obtener una condena penal y reparaciones civiles por su gestión al frente de la compañía.
Luxempart pide una junta
Asimismo, solicitará la convocatoria de una junta general extraordinaria para designar un nuevo consejo de administración que colabore con Deloitte. El fondo, que reclamará sentarse en este nuevo consejo, ofrece también su colaboración a las autoridades judiciales españolas para esclarecer los problemas de tesorería y las supuestas irregularidades en la compañía gallega y depurar responsabilidades.
El fondo, representado por Francois Tesch en el consejo de administración de Pescanova, ya ha dado por perdida su inversión en el grupo, provisionando 43,9 millones de euros. Damm, que da también por perdida su inversión, estudia acciones similares.
Deloitte traslada su intención de "salvar" a Pescanova
