Bruselas, 13 jul (EFECOM).- El ministro de Industria, José Montilla, se reunió con los comisarios europeos de Competencia, Neelie Kroes, y Mercado Interior, Charlie McCreevy, para analizar la situación de la opa de la alemana E.ON sobre Endesa, confirmaron hoy fuentes comunitarias.
Montilla acudió a sendas entrevistas, celebradas a petición suya en la tarde de ayer, acompañado del director de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, y el embajador español ante la UE, Carlos Bastarreche.
La opa de E.ON sobre la eléctrica española ya fue autorizada por Bruselas el pasado abril, al considerar que no tendría efectos significativos sobre la competencia, pero todavía está pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que prevé emitir su dictamen a finales de este mes.
Los nuevos poderes que el Gobierno español dio a la CNE tras conocer la opa de E.ON llevaron a Bruselas a abrir un procedimiento sancionador y, en ese contexto, Madrid tiene hasta finales de este mes para clarificar esas nuevas competencias.
Por otra parte, la CE ha pedido a España en varias ocasiones que le notifique cualquier decisión que afecte a la opa, con el tiempo suficiente para evaluar si las medidas defienden el interés general, son proporcionales y respetan la legislación comunitaria.
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, evitó precisar si Montilla anticipó a Kroes los hipotéticos obstáculos que la CNE podría imponer a la fusión, pero aseguró que la comisaria escuchó "atentamente" las palabras del ministro y confía en que éste también prestara atención a los comentarios de ella.
Todd recordó que, según el Reglamento europeo de fusiones, los Estados miembros pueden invocar razones de interés general para bloquear una fusión de dimensión comunitaria -la de E.ON y Endesa lo es, dada la distribución del negocio de ambas compañías-, pero en ningún caso pueden aducir motivos de competencia, pues el análisis de esa cuestión es responsabilidad exclusiva de la Comisión.
Los intereses legítimos que pueden aducir los gobiernos nacionales se limitan a la seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales.
A la pregunta de si puede invocarse la seguridad del suministro como un elemento de seguridad pública, Todd consideró que sería "difícil de argumentar".
Cualquier otro interés público distinto a los tres citados deberá ser comunicado por las autoridades nacionales a la Comisión, que tendrá que evaluar su compatibilidad con la normativa comunitaria antes de la aplicación de las medidas.
Bruselas cuenta con un plazo de 25 días laborables para ese análisis.
Todd recordó que, en caso de que España adopte medidas injustificadas, la comisaria Kroes está habilitada para actuar sin tener que acudir al Colegio de comisarios. EFECOM
epn/jj
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