Juan David Leal
México, 16 mar (EFECOM).- El Gobierno mexicano quiere acabar con las reglas que desde hace 70 años impiden a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) establecer alianzas con compañías extranjeras, para comenzar la exploración en aguas profundas del Golfo de México.
El presidente de México, Felipe Calderón, considera que el futuro petrolero del país se encuentra en las profundidades del Océano y argumenta que Pemex necesita mayor apertura al capital privado para acceder a las capacidades financieras y tecnológicas suficientes, de las que hoy carece, para emprender ese tipo de exploraciones.
Hasta el momento, el mandatario y su partido, Acción Nacional (PAN), sostienen que se trata solamente de permitir a Pemex establecer "alianzas".
Sin embargo, los detractores del Ejecutivo aseveran que la reforma busca echar abajo la gesta nacionalizadora del presidente Lázaro Cárdenas (1895-1970) y "entregar" los recursos del Estado a las trasnacionales y "vender" Pemex al capital privado.
En 1938 el entonces presidente Lázaro Cárdenas argumentó que las petroleras extranjeras se dedicaban a "lesionar seriamente" los intereses de la nación, porque se negaban a cumplir un fallo de la Suprema Corte para dirimir un conflicto sindical, por lo que decretó la expropiación de sus activos.
El secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Alonso Lizaola, del PAN, explicó a Efe que esa formación oficialista es partidaria de "empezar a sacar petróleo de aguas profundas (tirantes de agua mayores a 500 metros)" y señaló que la carencia de tecnología hace necesarias las "alianzas con otras empresas".
A su juicio, si Pemex, empresa que contribuye con más del 30 por ciento de la recaudación fiscal del país, tratara de desarrollar la tecnología y capacitar al personal por su propia cuenta, podría demorarse hasta quince años, además de que enfrentaría muchas dificultades para adquirir esos conocimientos técnicos en el corto plazo.
"Nadie suelta la tecnología como si fuera una mayonesa en el supermercado, las empresas la abren pero la cobran, y la mayoría son secretos industriales", apuntó.
La industria petrolera mexicana, que levanta toda clase de sentimientos nacionalistas, tiene reservas probadas que ascienden a 15.000 millones de barriles, las cuales, con el actual nivel de inversión, alcanzarán para 9,3 años, según el Gobierno.
Sin embargo, el Ejecutivo asegura que en las aguas del Golfo de México se esconden 53.800 millones de barriles de crudo, el 55 por ciento de los cuales estaría a gran profundidad, en una extensión de más de 550.000 kilómetros cuadrados.
El Gobierno sostiene que incluso si Pemex conserva todos los recursos que obtiene por sus ventas (unos 104.511 millones de dólares en 2007) y no paga impuestos al fisco, la compañía no podría afrontar la explotación de esos yacimientos.
En momentos en que el precio de la mezcla mexicana de crudo ha superado los 90 dólares por barril, su mayor cotización histórica, el Ejecutivo ha dicho que se deben estudiar las experiencias de otros países como Cuba, que permite la participación de empresas como Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Repsol, de España.
Lo importante es "crear un modelo contractual en el que se mantenga la soberanía y la seguridad energética", explicó Lizaola.
De otra parte, el diputado manifestó que la reforma deberá enfrentar los retos en el área del refino, donde a su juicio se necesitan al menos dos nuevas refinerías, porque actualmente el país importa el 40 por ciento de las gasolinas que consume.
Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es mayoría en el Senado y de cuyo visto bueno puede depender la aprobación de la reforma, las prioridades son distintas.
El diputado del PRI Alberto Amador, también integrante de la Comisión de Energía, dijo a Efe que para su partido son prioritarios los pozos en tierra, donde hay "más de 200 puntos localizados en los que no hay explotación ni exploración", los cuales tienen reservas para "20 años más".
A su juicio, hay que ahondar las reformas fiscales y establecer nuevos mecanismos financieros para darle a Pemex mayores recursos, y que la empresa destine menos dinero a los estados y más a la inversión productiva.
Otro tema que deberá plantear la reforma, coincidieron los legisladores consultados, es en una moratoria sobre los yacimientos transfronterizos marítimos que México comparte con EE.UU., país que comenzará a extraer el crudo de ellos en 2010, año en el que vence un acuerdo entre los dos países para no hacerlo. EFECOM
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(con fotografías)
