
El Gobierno continúa buscando la fórmula que le permita financiar la reestructuración del sector financiero, mientras baraja un préstamo de las entidades al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Y es que todo apunta a que va a ser la misma banca la que cargue con el saneamiento del sector.
Ahora bien, a cambio, las entidades quieren que su aportación al FGD, el instrumento que se está utilizando para costear los rescates de entidades intervenidas, esté remunerada, y así lo propondrán al Ministerio de Economía.
Las entidades financieras y las autoridades avanzan en una solución que pasaría por una derrama extraordinaria o un incremento de la aportación anual al FGD.
Concretamente, los grandes bancos reclaman que dicha derrama lleve aparejada un tipo de interés como forma de mitigar el esfuerzo que supondría y de obtener una rentabilidad por la misma.
Al mismo tiempo, argumentan que esta fórmula despejaría cualquier duda sobre la naturaleza de la aportación, que se computaría así como crédito y no tendría un impacto negativo sobre el beneficio de las entidades.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía declinaron comentar esta opción e indicaron que se estudian las alternativas para recapitalizar el fondo y que aún no se ha tomado una solución.
Actualmente, el FGD cuenta con recursos de apenas 2.000 millones de euros, la mitad de lo que va a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia, por lo que Gobierno negocia a contrarreloj con la banca para incrementar su aportación.
Fuentes financieras apuntan a que en aras de cumplir el objetivo de culminar las adjudicaciones de la filial de Bancaja y de Catalunya Caixa antes del próximo verano, el Ejecutivo podría mostrarse receptivo a las reclamaciones de la banca, que aspira a proteger su beneficio.
Las entidades ya sufren en su balance el deterioro del negocio por la crisis económica, además de las exigencias de capital y provisiones del Ejecutivo para dar cumplimiento a su norma de saneamiento.
El Banco de España advirtió este martes que la norma para reducir la exposición de la banca al ladrillo se traducirá en una reducción de beneficios y hará que algunas entidades registren pérdidas en 2012.