La lista de entidades financieras que han decidido adherirse al código de buenas prácticas frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social sigue ampliándose. Bankia, CaixaBank, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y el grupo BMN se han sumado también a la iniciativa y se espera que el resto de cajas hagan lo mismo. Ayer confirmaron su adhesión bancos como Santander, Bankinter o Sabadell.
Según informó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se espera que el resto de entidades asociadas a este organismo anuncien su visto bueno en los próximos días, una vez evaluados los correspondientes impactos en su cartera de préstamos.
Esta adhesión, explica la patronal de cajas, responde al hecho de que el código atiende a uno de los objetivos fundacionales de las cajas de ahorros: la lucha contra la exclusión social y financiera.
CatalunyaCaixa y Novagalicia, ambas en manos del Estado, ya anunciaron ayer su intención de cumplir con el código de buenas prácticas. También confirmaron Cajamar y el grupo rural CRM.
La CECA recuerda que las entidades que forman su ejecutiva ya habían arbitrado soluciones específicas para aquellos clientes con hipotecas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, como las refinanciaciones, los periodos de carencia, las daciones en pago con carácter voluntario o la compra de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otros.
El Código de Buenas Prácticas se incluye en el real decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, aprobado por el Gobierno el pasado viernes.
El Ejecutivo contempla incentivos fiscales para animar a la banca a incorporarse al código, entre los que figuran bonificaciones fiscales en la novación de la hipoteca para los casos de reestructuración de la deuda, y en las escrituras.
Adhesión voluntaria para un mínimo de dos años
Los bancos pueden adherirse de forma voluntaria a este código de buenas prácticas, pero una vez suscrito, será de obligado cumplimiento, incluso se podrá recurrir a los tribunales para ello. La permanencia en el código será, como mínimo, de dos años.
Se espera que a principios de abril se conozca el listado de las entidades que se han acogido al texto y que, según ha reconocido públicamente el Gobierno, espera que sean muchas a pesar de las reticencias que recibió inicialmente del sector financiero.
Las familias que se encuentren en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60% a la cuota hipotecaria, podrán refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda, que no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 en los núcleos más pequeños.
Con la refinanciación, las familias obtendrán cuatro años en los que sólo pagarán intereses, podrán alargar el plazo de su hipoteca hasta un máximo de 40 años y pagarán un interés de euríbor más 0,25 puntos.
Si después de estas medidas la cuota a pagar se sigue llevando el 60% de los ingresos con que cuenta la familia, el cliente podría pedir a su banco que estudie si aplica una quita de parte del capital pendiente de pago.
Si no recibe el visto bueno de la entidad o aún obteniéndolo, la familia es incapaz de pagar su cuota, podrá entregar la vivienda al banco y saldar con ello su deuda, teniendo la opción de permanecer en el inmueble en alquiler al menos dos años.
Plan de ayuda a hipotecados con problemas