El exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, fue admitido de nuevo en la entidad como director financiero el pasado 22 de febrero, para evitar el escándalo que habría supuesto el pago de su indemnización por cese -unos 6 millones de euros-, al que hay que sumar la pensión que le otorgó el presidente de la caja, José Luis Olivas, de unos 8 millones.
Estos 14 millones equivalen al 38% de la Obra Social de Bancaja en 2011, que previsiblemente se reducirá este año. No obstante, los derechos de pensiones de Izquierdo están dotados desde 2010 por la entidad, que ya el año pasado no hizo dotaciones ni tiene compromisos al respecto, según fuentes cercanas a la caja valenciana.
Conocidas las cifras, no es extraño que Aurelio Izquierdo fuera el único miembro de Bancaja -de los directivos y miembros del consejo de administración-, que el pasado diciembre, acogiéndose al derecho a la protección de datos, denegara su permiso para que la entidad publicase sus retribuciones individuales de 2011, tal como establecía la circular 4/2011 del Banco de España.
20 años en la entidad
Las mismas fuentes han explicado que las condiciones especiales del plan de pensiones de Izquierdo fueron pactadas con Olivas tras la llegada de aquel a la dirección general en 2007. El presidente tenía atribuciones para negociar el contrato del director, otorgadas por el consejo de administración. Con anterioridad a ese contrato especial, Izquierdo tenía acumulado un capital en el fondo de pensiones de los empleados de Bancaja por los casi 20 años de trabajo en la entidad, donde entró como directivo en 1988.
Los anteriores directores generales disfrutaron también de una aportación a un fondo de prejubilación, que era alternativa a la indemnización por cese antes de los 55 años, por lo que el predecesor de Izquierdo, Fernando García Checa, cobró indemnización al tener 49 años cuando cesó, pero no tuvo derecho a pensión. En el caso de Izquierdo, varias fuentes consultadas no han aclarado si la indemnización también queda sin efecto cuando cumpla 55 años.
Estas fuentes afirman que los contratos fueron remitidos por Bancaja tanto al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como al Banco de España, como es preceptivo. Sin embargo, la caja nunca ha incluido en sus informes de buen gobierno los acuerdos de blindaje con sus directivos.
CCOO pide un expediente
Comisiones Obreras (CCOO) anunció ayer que va a solicitar al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que abran un expediente informativo sobre la gestión de Olivas e Izquierdo. El secretario general de Comfia-CCOO, José María Martínez, explicó que el objetivo es que se depuren responsabilidades, y que éstas podría derivar en eventuales sanciones.
Para Martínez, que considera "inadmisible" que José Luis Olivas permanezca como presidente de la caja de ahorros valenciana, cabe la posibilidad de que tanto en Bancaja como en Banco de Valencia se hayan registrado episodios de gestión dolosa de intereses privados.
Las dudas de CCOO se suman a las expresadas por el grupo Bankia, enfrentado a Olivas tras aprobar una auditoría a las cuentas del Banco de Valencia previas a la fusión, por si estaban falseadas.
Bancaja rechaza auditar sus cuentas de 2010
